Ha sido aterrador enfrentar amenazas a la democracia misma durante la última década (2015-2025). Estas vienen ocurriendo tanto a nivel de economías desarrolladas (especialmente en EE.UU.) como de las emergentes (en México, Chile y Colombia; y habiendo sucumbido ya en El Salvador y Guatemala).

El acertado parangón que ven los historiadores con los años 1890-1920 es iluminante, a la hora de evaluar lo que podría salir muy mal en 2026-2030, tal como ocurrió durante 1929-1945. Recordemos que las debilidades económicas de inicios del siglo XX causaron profundos cambios de corte extremo: socialistas o fascistas. Pero, oh sorpresa, tras años de guerra finalmente triunfó la democracia y durante 80 años (1945-2025) hemos disfrutado de gran progreso socioeconómico: primero en Asia (recuperándose Japón y Vietnam, derrotados en lo bélico) e incluyendo en la última década a África, con reducción de la pobreza extrema.

Pero, en la última década, vemos un preocupante debilitamiento de la separación de poderes, con particular amenaza sobre el eslabón de la Rama Judicial. Baste con analizar la estrategia Trump 2.0, profundizando el debilitamiento de los “frenos judiciales” por él logrados en 2016-2020. Ahora se ha tomado Corte Suprema y Ministerio de Justicia, aplicando oscuras estrategias para burlar las leyes.

Relata Granés (2025, Rugido de nuestro tiempo…) cómo la herencia de Amlo en México ha generado grave debilitamiento judicial al permitir que todos los jueces sean elegidos por voto popular; luego, las mafias ahora tendrán a sus aliados juzgándolos. Algo parecido había experimentado Bolivia, con nefastos resultados. Al igual que Trump y Petro, los autócratas sienten que los balances y contrapesos ejercidos por la Rama Judicial les impiden cumplir con los designios que, según ellos, “el pueblo les va dictando”.

A la luz de este debilitamiento de la Rama Judicial, nos llevamos la positiva impresión sobre cómo Chile y Colombia están logrando salir airosos de estos embates radicales de la izquierda populista. Boric y Petro intentaron reescribir sus constituciones e invocaron a asambleas constituyentes, pero afortunadamente han fracasado en ello (aunque en Colombia, bajo Cepeda 2026-2030, bien podrían lograrlo).

La solidez institucional de Colombia (hasta la fecha) proviene de la balanceada Constitución de 1991, como bien lo relata el expresidente Gaviria (2025, Entrelazados). Además de la valentía de enfrentar a carteles de la droga durante 1985-1994, esas memorias políticas detallan el equilibrio político-institucional alcanzado. Gaviria estaba convencido de que solo superando prácticas clientelistas resultaría posible consolidar una verdadera democracia. Dichas prácticas completaban décadas de “manzanillismo” ejercido desde el Congreso y con apoyo de Procuraduría y Contraloría (casi 8.000 puestos al servicio clientelista); sin embargo, fue una pérdida histórica no haber logrado extirpar esas “ías”, para haberlas sustituido por “tribunales de cuentas”, tal como se propuso entonces.

Gaviria resalta en sus memorias políticas tres grandes creaciones de la CP-1991: i) la Corte Constitucional (supuesto órgano de cierre judicial); ii) la tutela (instrumento ágil de reclamación ante el Estado); y iii) la protección de derechos humanos (como país moderno).

Sin embargo, en los tres frentes el camino ha resultado tortuoso e incompleto. La Constitucional requirió imponerse como organismo de cierre, tras derrotar las ínfulas del Consejo de la Judicatura; la tutela se había convertido en instrumento de lucha interinstitucional y los jueces (no especializados) se prestaban para corruptelas en salud y pensiones; mientras que los derechos humanos siguen siendo violados, por el desborde del narcotráfico tras la incompleta desmovilización de la guerrilla, completándose una década de tal intento (2016-2026).

El escalamiento de los narcocultivos no solo ha revivido secuestro, extorsión y homicidios, sino que viene permeando nuevamente partidos políticos, bajo el auspicio de la errada estrategia de la llamada “Paz Total”, donde Petro emulaba al fallido Amlo en México con “abrazos y no balazos”. El mapa rojo de Colombia ha vuelto a escalarse principalmente en la zona del Catatumbo, hacia Venezuela, y cubre de manera preocupante Nariño, Cauca y Valle del Cauca, tal como lo ilustrara The Economist (octubre de 2025).

Sabemos bien que el expresidente Gaviria tiene suficiente material ya armado para pronto darnos a conocer sus memorias económicas y que estas memorias políticas fueron aceleradas por su llamado a declarar (nuevamente) ante el magnicidio de Galán, ahora refrescado ante el grave asesinato del candidato senador Miguel Uribe (q. e. p. d.).

Luego no puedo dejar de preguntarle a César: ¿por qué la salida al grave problema del narcotráfico, que como bien lo ilustraba arrodilló a Colombia en 1985-1994 y vuelve a hacerlo en 2015-2025, sería por la vía de su legalización? Muchos veníamos repitiendo las consignas de Friedman de que si el triunfo frente a la prohibition era (1920-1940) había pasado por la legalización, por regla de tres igual debía ocurrir con las drogas; pero hoy eso luce como una solución infantil frente al escalamiento de la marihuana hacia el opio, la coca y el fentanilo, generando narcoterrorismo regional. Sabemos bien que la solución debe ser global, pero la legalización de drogas duras luce como una amenaza a la salud global.