La teoría económica sobre intervención estatal ha postulado dos paradigmas contrastando el desarrollo socio-económico de los Estados Unidos con lo ocurrido en Europa. Dada la prevalencia de la economía de mercado en Estados Unidos, se ha dicho que allí los precios dan “señales” que gobiernan su desenvolvimiento socio-económico.

Por ejemplo, la alta flexibilidad de los mercados laborales en los Estados Unidos tiende a generar elevada disparidad en las remuneraciones salariales en función de la demanda por trabajo de alta calidad. De esta manera, los pisos mínimos de remuneración salarial, ordenados a nivel Federal en los Estados Unidos, terminan siendo fácilmente rebasados por esa dinámica de los mercados laborales flexibles. Así, el Salario Medio actualmente le saca un multiplicador de casi tres veces al salario mínimo federal. Esto contrasta con lo que ocurre en muchos países de América Latina, donde ese activismo laboral del Estado ha causado una compresión del salario medio hacia el salario mínimo (especialmente en México y Colombia).

Por eso se dice que los Estados Unidos es una economía donde prevalecen “las señales de mercado” sobre los hechos fortuitos. De allí que en los Estados Unidos la acumulación de riqueza individual no sea mal vista, sino que, por cerca de 300 años, se ha postulado como “el modo de vida norteamericano”.

Allí la función del Estado se focaliza en hacer respetar los derechos individuales, proveer una serie de servicios públicos básicos y de infraestructura. La dinámica social en los Estados Unidos logró importantes reconocimientos para elevar esos niveles básicos de bienes públicos, especialmente durante el periodo 1940-1970.

Aunque este esfuerzo se denominó como el “Estado del bienestar norteamericano”, la verdad es que ello estuvo lejos de alcanzar la calidad requerida en la provisión de bienes públicos. Esta deficiencia Estatal es notoria cuando se le compara con la oferta de bienes públicos lograda en Europa, en general, y ni hablar cuando se realiza ese ejercicio contra lo alcanzado en países Nórdicos (ver Krugman, 2007; Sachs, 2011).

Por contraste, la cultura socio-económica de Europa ha impulsado un Estado con alta intervención para morigerar los vaivenes de los mercados y la incertidumbre que generan hechos fortuitos. En este caso de Europa se habla del paradigma del “ruido” que causan estos hechos fortuitos. La consecuencia ha sido que se tienen menos “señales” proviniendo de los mercados.

Con un grupo amplio de economistas, coordinados por Armando Montenegro, hemos venido discutiendo el “modelo de desarrollo” adoptado por Colombia, el cual se ha quedado a mitad de camino entre Estados Unidos y Europa: los colombianos anhelamos beneficios tipo “Estado Nórdico”, pero no mostramos la voluntad política para instrumentar la alta tributación requerida para asegurar el fondeo de todos esos bienes públicos. Más aun, nuestra “psiquis” ha estado permeada por elevada desconfianza en lo público, debido a la entronizada corrupción y a su baja productividad operativa.

Curiosamente, Chile ha sido el único país de la región que en las últimas cuatro décadas se movió en la dirección Europea de fondear los bienes públicos. Para ello utilizó una mezcla de mayor tributación con la inversión de los ahorros privados de las AFPs en bienes públicos. Y, de hecho, Chile triunfó en casi todos los frentes y con cifras encomiables (antes de la pandemia): desempleo estructural de 5%, inflación de 3%, crecimiento de 4%, formalidad de 60%, pobreza de solo 15%, deuda pública baja de 30% del PIB y costos laborales no-salariales para las firmas cercanos a cero.

Pero, tras las revueltas de 2018-2019, impulsadas por una clase media que quería progresos aún más acelerados, se piensa erradamente que ese sistema chileno había fracasado porque mantenía un GINI de 0,47 frente a uno de 0,46 regional (Clavijo, 2020 “Frustración Social en América Latina”).

Bajo pandemia, el nuevo discurso es que Colombia también había fracasado por haber adoptado en su Constitución de 1991 un modelo de mezcla pro-mercado de alta intervención Estatal (subsidios cruzados de todo tipo). Y se piensa que ha llegado el momento de virar hacia un “modelo Nórdico”, pero se nos olvida lo más básico: Ni Ejecutivo, ni Legislativo, ni el empresariado han entendido que el “Estado de Bienestar” tipo Europeo exige tributaciones de 40% del PIB y no del 19% que tiene Colombia. Es sintomático que este crucial tema ni siquiera se hubiera mencionado en la instalación reciente del Congreso.

¿Y cómo creen uds. que Colombia conseguirá entonces los cinco puntos del PIB adicionales que se requieren para virar hacia empleo-formal y cerrar las brechas fiscales? El cuadro adjunto ilustra la necesidad de 2% del PIB de mayor tributación para estabilizar la relación Deuda/PIB por debajo de 70%; 1% del PIB para apoyar el mercado laboral informal; y 2% del PIB para entrar a sustituir el fondeo empresarial no-salarial. Nótese que esta última cifra es similar a la requerida en México, quien también ha fracasado en el intento y ahora se mueve en la dirección errada al triplicar a 15% los aportes pensionales de las firmas.

En pospandemia resultará aún más difícil lograr que Colombia vire en la dirección de un Estado tipo Dinamarca, pues seguimos con ADN-político-empresarial-cultural de Cundinamarca.