El Presupuesto General de la Nación (PGN-2027), radicado por el Mhcp ante el Congreso a finales de agosto de 2026, hizo una encomiable tarea para sincerar las cuentas fiscales de los años 2026-2027. Como es bien sabido, la administración Petro venía tergiversando cruciales obligaciones en pagos de seguridad social y de servicio de la deuda, así como acelerando oscuros contratos antes de “abandonar el barco”.

El panorama fiscal revelado por el ministro Miguel Gómez es verdaderamente preocupante, no solo por las presiones de gasto adicional resultantes del terremoto del 10 de agosto que afectó 20% del país y unas 300.000 personas, sino por las crecientes ataduras del gasto, que comprometen ya 85% del presupuesto.

Para dimensionar la gravedad del deterioro fiscal de Colombia, resulta útil analizar las tendencias macrofiscales del periodo 2019-2027 (ver cuadro adjunto). El gasto del gobierno central se había elevado de 21,8% del PIB en 2019 a 23,2% del PIB en 2021, pero algo se había logrado contener al descender hacia 21,5% en 2022. Más aún, el gasto primario (antes de intereses) había descendido de 20% del PIB hacia 17%, luego parecía que el “efecto de una vez” resultante de la pandemia no descarrilaría las cuentas fiscales de Colombia.

Sin embargo, la nefasta llegada de la administración Petro (2022-2026), con sus ínfulas populistas de mayor gasto público como supuesta solución al problema redistributivo, marcó nuevamente una aceleración del gasto público hacia niveles sostenidos de 23% del PIB, equivalentes a 20% del PIB en el caso del gasto primario (excluyendo intereses de la deuda). Así que las cuentas fiscales van marcando un hito histórico de deterioro estructural del gasto cercano a los 3 puntos del PIB.

Y, entre tanto, los ingresos del gobierno central tan solo lograron elevarse de 16% a 19% del PIB de manera muy efímera, entre 2022 y 2023, y su tendencia estructural actual bordea nuevamente 16% del PIB. De esta cifra, los ingresos tributarios ascienden tan solo a 14,5% del PIB. Continúa siendo cierto entonces que, según cifras de la Ocde, la presión tributaria total de Colombia (20% del PIB) todavía se ubica 1,5% del PIB por debajo del promedio de América Latina. Esto hace evidente la necesidad de entrar a taponar las múltiples exenciones en materia de IVA, las cuales nos permitirían elevar la presión tributaria de Colombia en esa brecha de 1,5% del PIB.

Dado este descalce estructural entre un gasto público de 23% del PIB y unos recaudos de 16% del PIB, Colombia enfrenta un déficit fiscal estructural de 7% del PIB. Y con las necesidades coyunturales de mayor gasto (antes anotadas), se tiene que el déficit fiscal del gobierno central llegaría a 9,4% del PIB en 2027. Esto implica tener un gasto primario nuevamente de 20% del PIB en 2027 y un balance primario (antes de intereses) elevándose de -3,4% del PIB hacia un récord histórico de -4,5%.

De esta manera, la trayectoria de la relación deuda bruta/PIB estará pasando de 64% en 2025 hacia 66% en 2027, en el caso del gobierno central. Y la cifra consolidada pública se estará elevando de 68% a 70% del PIB al finalizar el próximo año. ¿Qué hacer entonces en materia de correctivos estructurales en el gasto público y mayor recaudo, y cómo contener el déficit estructural por debajo de 4% del PIB?

Al examinar la estructura del gasto público, con base en el PGN-2027, se observa que del total de gasto (25% del PIB) tan solo 2% del PIB es de carácter operativo, mientras que las transferencias ordenadas por ley ascienden a 14% del PIB. Si a estos gastos añadimos los pagos de intereses de la deuda pública, 4,9% del PIB, se tienen gastos inflexibles a la baja por cerca de 21% del PIB (cifra equivalente a 85% del presupuesto).
Pero la situación es más grave aún, pues la inversión no se puede dejar en ceros y, de hecho, las “vigencias futuras” representan ya cerca de 0,8% del PIB por año. Así, se llega a una inflexibilidad del gasto del orden de 90% del total presupuestado.

De esta manera, la única variable de ajuste estructural remanente es la de buscar un mayor recaudo. Bien conocido es el debate en Colombia sobre lo importante que sería que se elevara el recaudo en cabeza de los hogares, pues este tan solo aporta 1,5% del PIB, mientras que en países de la Ocde asciende a 8,2% del PIB.

Pero el problema es que el Congreso de Colombia ha rechazado en repetidas ocasiones la idea de bajar el umbral de tributación efectiva de los hogares a partir de 2 veces el salario promedio, desde un umbral que hoy se inicia en 5 veces y con tasas muy laxas de 5% a 10%. Y aquellos que ya están pagando impuesto de renta, desde la franja de ingresos medio-altos, equivalente a 10-25 SML, en realidad enfrentan tasas de “país desarrollado” al tener tasas de renta efectiva en la franja de 20% a 30% (y si se combina con el impuesto al patrimonio, los más ricos llegan a más de 40%).

Luego “la solución” continúa siendo mantener las tasas de renta empresarial en 35% (desmontando el impuesto al patrimonio cobrado a las firmas), pero trabajar en la línea de elevar la tasa efectiva del IVA del actual 9% hacia 17%, dejando inalterada la tasa nominal del IVA en 19% (ver detalles en Clavijo, 2020, “Propuesta Reforma Tributaria”, Documento Cede-Uniandes No. 38, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3697662).