La estabilidad jurídica es pilar del Estado de Derecho y fortín de la confianza legítima. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a la buena fe, para así garantizar la estabilidad contractual y la firmeza de los actos administrativos, que son vitales para la confianza inversionista y para que los ciudadanos de a pie crean en los actos del gobierno.

Pues bien, en evento reciente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el ministro Bonilla informó que existe proyecto de norma que le entregaría nuevas facultades al presidente Petro, para permitir que se cambie la destinación de recursos de obras de infraestructura (incluidas las que cuentan con declaratoria de importancia estratégica), comprometidas con vigencias futuras. Así, en función de algún retraso de obras, el gobierno podría re direccionar los recursos, modificar su entrega. Sería fatal para la inversión extranjera, fuente esencial en las grandes obras.

El caso del cambio de reglas de juego a mitad de camino, como el vuelco en la asignación de subsidios para los hogares más necesitados, destruyendo el sueño de adquirir vivienda social, es un golpe a la confianza legítima de hogares de bajos recursos, que tenían asignado por parte del gobierno un subsidio para completar su cuota inicial y no lo pudieron usar. En 2023 se cayeron cerca de 40.000 pre ventas de VIS, y de contera a igual número de hogares se les quebrantó su confianza legítima. El alza desmedida de las tasas de interés, aumentaron el problema.

Golpe bajo a la construcción, que está en decrecimiento, sería subir el costo del acero de refuerzo importado que corresponde a la mitad de lo que se consume en el país. El alza de aranceles, le daría estocada a la vivienda social. Para obras públicas que no pueden prever estos sobrecostos, o para vender viviendas sobre planos a precio fijo, el alza del costo de este insumo fundamental sería mortal para el empleo y aplazaría la reactivación de la construcción, que seguirá contrayéndose.

Por el contrario, hay gran oportunidad de fortalecer la confianza legítima desde lo regional, con los Planes de Desarrollo distritales y municipales de los nuevos alcaldes, para su período de gobierno (que se promulgan por Acuerdo). Herramienta potente de planeación de obras y programas que, a diferencia del gobierno nacional actual, deben ejecutar los recursos de manera eficiente. La inversión social el uso de instrumentos como la construcción, que son defensa al desempleo y al ciclo recesivo económico, son la solución.

En este contexto, los alcaldes Galán de Bogotá, Gutiérrez de Medellín, Eder de Cali, Char de Barranquilla y Beltrán de Bucaramanga, están construyendo este Plan que tiene la capacidad de asignar recursos y potenciar el desarrollo desde las regiones.

En cuanto al probado instrumento económico y social de la construcción de vivienda, los incentivos urbanísticos, los apoyos a programas de renovación urbana y por sobre todo a los hogares que la requieren (accediendo a edificaciones formales), los Planes de Desarrollo los deben incluir, por ser pertinentes.