En principio, acabar con el programa de educación superior Ser Pilo Paga, que da la posibilidad a estudiantes de excelentes resultados académicos, pero de escasos recursos económicos, de estudiar en instituciones de educación superior acreditadas, aparenta ser un despropósito.

El Gobierno, en una decisión polémica, anunció su finalización, justificada entre otros asuntos, en el alto costo fiscal para beneficiar a pocos estudiantes como proporción de la población universitaria. En los recursos -deficitarios- para educación superior del presupuesto central para el año entrante, el costo de los 40.000 estudiantes beneficiados con el programa Ser Pilo Paga, representa 50%. Solo mantener el derecho a quienes están en el programa, equivale a $2 billones de gasto.

De los 2,5 millones de universitarios, cerca de 20% estudian en universidades oficiales. El costo de matrícula en estas últimas, con apoyo del presupuesto nacional, es del orden de la mitad de lo que pagan los estudiantes en universidades privadas.

Los Pilos caben tanto en las universidades públicas, como becados por las propias universidades privadas, beca que, para salvar el programa, podría tener fuente parcial en la propia universidad, más un subsidio del Gobierno en cifra que no supere lo que le cuesta al fisco en promedio cada estudiante de las universidades públicas, doblando los beneficiarios con el mismo requerido fiscal.

Además, las universidades públicas deben contar con mayor participación del presupuesto. La asignación de recursos del Gobierno Nacional debe privilegiar a las de más calidad y a las que tengan mayor aporte de los entes territoriales para el caso de las universidades regionales. La meta es que la calidad de las universidades públicas sea tan alta, que los mejores estudiantes, de todos los estratos, aspiren a ingresar a ellas, estudiando en lugares más cercanos a las residencias de sus familias.

La Universidad Nacional de Colombia, es ejemplo por su calidad, la que está representada en la alta demanda de sus egresados, en la formación de sus profesores y en que la cuarta parte de su presupuesto se dedica a investigación. No obstante, para esta y para otras públicas, es menester lograr mayor eficiencia del gasto. Por supuesto los estudiantes con mayores recursos deben pagar matrícula superior y así contribuir al subsidio de quienes tienen bajos recursos familiares.

El aporte del Gobierno es derivado de la inercia presupuestal histórica, cuando debería ser preponderante la calidad, la eficiencia y la baja deserción universitaria.

La integralidad del mejoramiento del sistema de la educación superior no solo está en lograr la eficiente utilización de recursos públicos y mayor cobertura, sino en muchos más aspectos. En el país cerca de 37% de los estudiantes que comienzan un programa universitario abandonan el sistema de educación superior según el Banco Mundial; estudios internos, registran que solo uno de cada dos estudiantes que ingresa a la educación superior termina con éxito. Aquí está parte del foco.

Para lograr el propósito nacional de transformarnos en una sociedad del conocimiento, los egresados deben formarse con pensamiento crítico y para el mercado laboral.