La fórmula en materia económica de sostenibilidad fiscal, cuando de manera extraordinaria requiere mayores ingresos el gobierno, no siempre es con reforma tributaria. Menos como el proyecto planteado por el nuevo gobierno que, puede detener el crecimiento económico, e impacta de manera grave la actividad empresarial, a los empleados formales, a las personas naturales especialmente de la clase media. Está en contravía al mercado inmobiliario y en general, desincentiva la inversión.
En igual sentido, para controlar el crecimiento de la inflación, una herramienta tradicional es que suba la tasa de interés, para disminuir el circulante y el consumo. Pues bien, en esta coyuntura, el Banco de la República se equivoca con el alza de las tasas de referencia, con implicaciones perversas para la red empresarial especialmente las pequeñas empresas, lo mismo que la dinámica industrial, incluida la construcción. Por el contrario, está contribuyendo a más costo de los productos y por ende a mayor inflación. Destruye empleo, siendo Colombia una de las naciones con más alta tasa de empleo informal.
De forma paralela, la devaluación de nuestra moneda también ha traído consecuencias nefastas para la economía, como gran detonador de inflación principalmente. Pero, de igual manera, los ingresos externos provenientes de remesas se han convertido en fortaleza en Colombia. Este año vamos a superar los US$7.000 millones recibidos del exterior provenientes de familiares, con origen en más de 50% en Estados Unidos, seguido por España y Chile con 15% y 6% respectivamente.
Los anuncios errados o contradictorios de reformas, generan incertidumbre y ambiente de inestabilidad, siendo la estabilidad jurídica pilar de los Estados de Derecho y principio de confianza legítima. Ahora bien, en materia de cobertura de salud, nuestro país ha tenido un avance gigantesco en las últimas décadas y si bien las EPS deben mejorar, no quiere decir que la fórmula sería acabarlas. Así como el derecho a acceder al servicio de salud es sagrado, el ahorro en fondos de pensiones también.
En políticas públicas tendientes al mejoramiento del cambio climático, al equilibrio ambiental y a lograr entornos sostenibles que impacten de manera positiva la vida, hay anuncios en ese propósito, pero algunos contrarios a lo que requiere el país, como el desmonte de la exploración de petróleo y de gas y, otros si positivos, como la construcción sostenible, donde solo se le debería dar subsidios a los compradores beneficiados de vivienda social en proyectos que se edifiquen con ese compromiso, lo que conlleva a ahorro futuro en servicios públicos y a las finanzas de los hogares, con gran aporte al bienestar y a la calidad de vida.
Así las cosas, la sociedad civil ha de estar atenta a que los principios democráticos y la estabilidad institucional no se vulneren con reformas, algunas necesarias, muchas anunciadas, como la tributaria en comento, la reforma de tierras, que pueda abrir boquete para perder derecho constitucional de la propiedad privada, el manejo de las economías ilegales y el debilitamiento de las fuerzas militares y de policía.