El futuro de Colombia está ligado al futuro de nuestras regiones y al desarrollo urbano, máxime que para 2019 se estima que cerca del 80% de la población vivirá en las urbes. El programa que implemente el próximo Presidente para las ciudades es fundamental.

La Constitución establece autonomía local en múltiples temas, como planeación urbana, económica y social, incluyendo sus POT. La competitividad de las ciudades-región depende en grado sumo de su relación simbiótica con el gobierno nacional, la banca, los empresarios y la ciudadanía. En las ejecuciones, los alcaldes requieren apoyo del gobierno y, a su turno, el éxito de la gestión del Presidente necesita de los alcaldes.

En 2006, dentro de los principales documentos base para planear el país, bajo el liderazgo del DNP, el gobierno nacional, con el proyecto Visión Colombia II Centenario, elaboró el estudio “Construir Ciudades Amables”, el cual, pese a tener metas claras, la mayoría están incumplidas; como la de incrementar el espacio público por habitante de 4m2 a 10m2, en la que se está retrocediendo en ciudades como Bogotá, que tan solo llega a 3,9 m2; o la de evitar asentamientos precarios, los que no solo se mantienen, sino que en ciudades como Cartagena más de 70% de sus edificaciones se construyen sin licencia.

En lo positivo, el gran avance en vivienda social, así como en cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico, que en algunos casos por corrupción y en otros por la distancia del municipio con el gobierno nacional no habían progresado desde la fecha del documento, en los últimos años tuvieron un destacado desarrollo. La infraestructura de transporte y de puertos, también en época reciente, ha tenido gran modernización.
No obstante, al Colombia tener un sistema urbano diversificado, por contar con 40 ciudades de más de 100.000 habitantes y diferentes polos de desarrollo, estas comparten problemas comunes de movilidad, asentamientos precarios derivados de que cerca de la mitad de las viviendas tienen origen informal, escasez de suelo urbanizable y de espacio público como ya se mencionó. Para otros asuntos por atender, como la infraestructura y la cobertura en servicios públicos domiciliarios, la gestión a realizar es bastante disímil entre regiones y ciudades.

Para el caso de Bogotá, en los últimos 15 años los proyectos clave que contempla el POT no se han ejecutado. El déficit de vivienda crece, estimado hoy en 120.000 unidades, sin sumar las que requieren mejoramiento e intervención con reforzamiento para sismo resistencia; la integración regional no avanza conforme lo planeado; en movilidad se han realizado muchos proyectos, pero pocas ejecuciones.

Por lo anterior, para la decisión del voto presidencial, es perentorio tener en cuenta que los candidatos conozcan nuestras ciudades y cuenten con programas idóneos para las grandes urbes. Hay que aceptar y apoyar a Bogotá como principal concentración poblacional y económica del país, ciudad que genera 27% del PIB nacional, alberga más de un millón de estudiantes universitarios de toda la nación, es polo de desarrollo y está llena de necesidades. El Presidente debe ser afecto a la misma, con programas concretos en movilidad, seguridad, espacio público, medio ambiente, servicios de salud y educación.

Si a las principales ciudades, polos de desarrollo, les va bien, al país también.