Gobernar por decreto

En economía -y, con mayor razón, en lo público- las reglas no son accesorias. Son el sistema nervioso de la confianza. Colombia ha construido durante décadas un equilibrio institucional claro: el Ejecutivo propone, el Congreso delibera y las Cortes controlan. Ese equilibrio no está roto, pero sí sometido a una tensión creciente que, de persistir, puede derivar en fractura.

Se acumulan señales preocupantes: la ampliación de intervenciones en servicios públicos vía decreto; el uso intensivo de estados de excepción con efectos económicos; la intención de convocar mecanismos de participación popular por fuera de los cauces ordinarios, tras decisiones adversas del Congreso; la reiteración de figuras jurídicas en los márgenes de su sustento legal. En general, la inclinación a regular por decreto materias que corresponden al legislador. No es un hecho aislado: es el patrón.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha privilegiado el instrumento expedito sobre la construcción de acuerdos. Episodios recientes -algunos suspendidos provisionalmente por la jurisdicción- evidencian un límite claro: las decisiones negadas en sede legislativa no pueden reconfigurarse unilateralmente desde el Ejecutivo. No se trata solo de técnica jurídica; es una cuestión de equilibrio institucional.

El impacto trasciende lo jurídico. Es, ante todo, económico y social.

En materia de salud, la incertidumbre regulatoria ha erosionado la confianza. Intervenciones, cambios en el modelo y señales contradictorias han debilitado a los operadores y tensionado la prestación. La salud no admite intermitencias. Cuando el sistema se desarticula, el costo no es fiscal: es humano.

En vivienda, el deterioro es silencioso pero profundo. Programas como Mi Casa Ya, que ampliaron el acceso, se interrumpieron o han perdido ritmo y previsibilidad. La política de vivienda social no se desmonta de un golpe: se diluye cuando se rompe la confianza entre el Estado, los actores del sector y los hogares.

Los efectos ya son visibles: menor iniciación de proyectos, caída en las ventas de vivienda de interés social, crecimiento de la informalidad y un impacto directo sobre el empleo y la actividad económica. La vivienda social no es un rubro más: es estabilizador macroeconómico y herramienta de equidad.

Gobernar no es imponer; es coordinar. Coordinar exige reglas claras y estables. Resulta imperativo respetarlas. Cuando el Ejecutivo desborda al Congreso, el costo no lo asume la teoría constitucional, sino la economía real.

Los mecanismos extraordinarios con que la Constitución de 1991 facultó al Presidente se concibieron para situaciones imprevisibles que el orden institucional ordinario no puede manejar, no para la administración cotidiana del país. Colombia no necesita más decretos. Necesita acuerdos. Sin reglas estables no hay inversión; y sin inversión, no hay bienestar sostenible. Los cambios que el país demanda deben construirse dentro de la institucionalidad, con seguridad jurídica y confianza. De lo contrario, la tensión dejará de ser coyuntural para convertirse en estructura.