El sector inmobiliario y de la construcción, como actividad empresarial que aporta a la economía, está compuesto por la construcción de infraestructura, la construcción de edificaciones (incluye la vivienda como principal producto), el sector de servicios relacionados y el desagregado de los sectores de la industria y el comercio, que tienen su justificación en la construcción.

En suma, supera 20% del PIB nacional, lo que constituye al sector inmobiliario integral en formidable instrumento de política pública y de fortaleza patrimonial para las empresas, los inversionistas y para los hogares. Solo la rama de servicios inmobiliarios y de alquiler, según el Dane, representa 10% del PIB. A su turno, la construcción genera inversiones equivalentes a 9% del PIB y demanda insumos por más de $34 billones al año.

Con estos indicadores económicos sectoriales, se hace evidente que el gobierno utilice al sector inmobiliario y de la construcción como instrumento de desarrollo, de mejora de la competitividad, de calidad de vida y, la vivienda como instrumento de justicia social.

La construcción reciente de infraestructura ha tenido un desarrollo tan importante que viene apoyando la mejora de nuestra competitividad. Impulso que, con motivo del empalme del nuevo gobierno y la baja popularidad del saliente, se ha tratado de opacar. En los últimos años se mejoró la infraestructura de transporte, con la construcción de megavías, modernización en puertos y aeropuertos (3.000 kilómetros de nuevas vías, 270 puentes y se renovaron 91 terminales aeroportuarias).

A su turno, el gobierno nacional tiene la oportunidad de impactar en las regiones, apoyando el crecimiento de sus infraestructuras y conectividad. La mala infraestructura de transporte tiene atorada la movilidad en las principales urbes. Parte del desarrollo reciente de Barranquilla se sustenta en la continuidad de la mejora de sus infraestructuras. Para Bogotá, tener garantizada la financiación de la primera línea del metro, con recursos y aval de la nación en créditos internacionales, hace la diferencia.

En relación a la vivienda, se crean 280.000 hogares al año, que no suplen la construcción formal, incrementando la demanda insatisfecha. Si bien la actividad empresarial formal de la construcción de edificaciones es cíclica, como toda actividad económica, cuando esta crece, crece la economía, cuando decrece, la economía se contrae. Esto indica que impulsar el crecimiento de la construcción es forma para contribuir a la economía.

En nuestro país, la mitad de las viviendas se construyen sin licencia, lo que hay que combatir. Además del control local, es necesario apoyar la actividad formal como política general y con asuntos puntuales tales como la seguridad jurídica, no permitir el abuso del derecho de terceros y acabar con la tramitología (cada vez más absurda e irresponsable, fuente de corrupción). De otra parte, lo que viene funcionando hay que mantenerlo, como los subsidios a la demanda y programas que apoyan la vivienda social.

El nuevo gobierno tiene en la construcción formal un importante instrumento de desarrollo, con énfasis en la vivienda popular y la infraestructura social complementaria, aplicando una política estable y articulada con las regiones. La meta de construir 1,2 millones de viviendas formales es viable.