La Constitución de 1991 es, ante todo, municipalista. Reconoció que el desarrollo del país debe partir desde lo local. Por eso consagró la autonomía de los municipios para gobernarse, administrar sus recursos y planificar su territorio. Ese principio es hoy, sin duda, el más amenazado por la reciente ola de normas expedidas desde el poder central.

¡La autonomía local se encuentra en riesgo!

La creación de las llamadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, Appa, mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, es un golpe directo a la autonomía territorial. Norma llamada a tener vigencia de cuatro años -el mandato presidencial-, dispone que los municipios y distritos deben incorporar en sus Planes de Ordenamiento Territorial las zonas que el Gobierno Nacional defina desde Bogotá, sin consulta real ni participación efectiva de las autoridades locales.

Bajo el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria, se pretende imponer una camisa de fuerza sobre el uso del suelo. No hay mayor contradicción: se habla de soberanía, pero se niega la soberanía de los municipios. La planeación, que por mandato constitucional es función de los entes territoriales, termina subordinada a las decisiones de ministerios y agencias nacionales.

Esta norma, hoy demandada ante la Corte Constitucional, vulnera el espíritu descentralizador y de equilibrios de la Carta del 91. No solo reduce a los municipios a simples ejecutores de órdenes ajenas, sino que afecta la libre disposición de la propiedad privada. Al determinar de manera unilateral qué predios deben destinarse a producción agrícola o conservación, se interfiere con el derecho de dominio y se generan inseguridades jurídicas sobre la tenencia y el valor de la tierra.

Colombia no puede avanzar hacia un ordenamiento moderno si ignora la diversidad de sus regiones. Los alcaldes conocen mejor que nadie su territorio, sus suelos, sus comunidades. Imponerles decisiones desde un despacho en la capital no fortalece la planificación; la debilita. Es volver al centralismo que tanto esfuerzo ha costado superar.

Si bien, es menester conservar la estructura ecológica principal de los territorios, el desarrollo agrícola y la protección ambiental no se consiguen con decretos autoritarios, sino con diálogo territorial, incentivos y respeto a las competencias locales. Lo contrario, es imponer una política agraria por decreto, sin concertación ni sustento técnico suficiente, con graves consecuencias para la inversión, la seguridad jurídica y la confianza de los propietarios.

Lo que está en juego no es un artículo ni una resolución: es el modelo de Estado que queremos. La Constitución fue clara: Colombia es un Estado descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Cualquier norma que la contradiga debe ser retirada del ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional decide.

La administración de justicia ha dado muestras de independencia. Confiemos en ella. Y confiemos, también, en las regiones, que son las verdaderas tierras del futuro.