Bienvenidos los cambios, dentro de la institucionalidad. La expresión democrática reciente, con mandato de cambio tendiente a administrar y obrar sin corrupción y sin politiquearía, es perentorio cumplirlo. De igual manera, se requieren cambios en materia económica y social para acrecentar las oportunidades de los más necesitados, generar más empleo formal, y mejorar la calidad y cobertura de los servicios sociales.
Pero, lo que funciona, probablemente con mejoras, debe mantenerse. El cambio de políticas no debe afectar la estabilidad jurídica, que es pilar del Estado de Derecho y fortín del principio de la confianza legítima.
Ahora bien, la vivienda ha demostrado por décadas ser el refugio físico y económico de las familias, componente clave del bienestar y defensa contra la inflación. Además, la política pública de vivienda que viene utilizando a la construcción como instrumento de crecimiento económico, fuente de empleo, progreso social e incentivo a la demanda insatisfecha para acceder a ella, ha funcionado en los últimos años. Por fortuna, los anuncios en esta materia son conservar el énfasis en vivienda social y ampliar instrumentos a sectores geográficos y campesinos menos atendidos.
Consolidar el acceso a la vivienda como un derecho, es parte de la nueva política. Dentro del énfasis, anuncia el gobierno electo que promoverá los procesos asociativos, reconociendo las particularidades del hábitat popular, autogestión, mayor acceso a crédito, acompañado de subsidios para la compra de viviendas sociales. Su oferta de garantizar suministro de agua potable en todo el territorio nacional, al lograrse, mejora la calidad de vida y la salud pública.
La pandemia aunada a la inflación disparada, con los costos de construcción creciendo por encima de ella, está afectando lo logrado. Tanto que, las constructoras formales que vienen pre vendiendo a precio fijo proyectos sobre planos que planeaban terminar en dos o tres años después de su lanzamiento y cumplimiento de condiciones para inicio de obra, están en riesgo para seguir los desarrollos ya comercializados.
Se frustraría la gran ilusión de decenas de miles de hogares de tener vivienda propia. Es menester entonces, encontrar solución por parte del nuevo gobierno. Ha de ser su inicial tarea para no detener el desarrollo social y la generación de empleo que significa la construcción de más de 300.000 viviendas pre vendidas sobre planos en el último año y medio. Estamos prestos a colaborar en este propósito nacional.
También está en jaque la planeación y construcción de nuevas viviendas en Bogotá y en los municipios donde sus planes de ordenamiento territorial (POT) están desactualizados. El caso de la capital es patético por la inestabilidad jurídica de la norma urbana y porque con la caída, de manera precautelativa, del decreto 555 de diciembre pasado, volvió a vigencia el viejo decreto 190 de 2004. El licenciamiento de un proyecto requiere de grandes inversiones y largos períodos de preparación, si se cae la norma (como sucedió el mes pasado), sin alcanzar a radicar la solicitud de licencia de construcción, dicha inversión se pierde (¡jaque mate!).