Nuestra estructura legal de forma adecuada prevé autonomía distrital y municipal para el planeamiento de su territorio. Consiste, entre otros asuntos, en establecer el uso del suelo de manera ordenada, propendiendo por la conservación del patrimonio ambiental y arquitectónico, con la adecuada previsión de las infraestructuras, el equipamiento y el espacio público.
El reto de la autonomía local, necesita adecuados administradores, de ahí la importancia de la elección de los alcaldes y luego la designación de su equipo; por otra parte, que exista armonía en el planeamiento regional, que se concerte el POT de las grandes aglomeraciones urbanas con los municipios vecinos, sobre los que ejercen influencia económica, social y en materia de vivienda.
Lo anterior aplica a nuestras ciudades - regiones, comenzando por Bogotá con los municipios de la Sabana e incluso con Cundinamarca; Medellín con el Valle de Aburra; Barranquilla con Puerto Colombia y Soledad; Bucaramanga con su Área Metropolitana, que incluye a Floridablanca, Piedecuesta y Girón; Pereira con Dos Quebradas; en fin, los POT de las principales ciudades deben concertarse con los equivalentes de los municipios vecinos.
Recuerdo dos columnas de opinión escritas por mí para El Tiempo, en el período de la construcción del primer POT para Bogotá por la pasada administración de Peñalosa, el 15 de abril de 1999 “Concertemos el Plan” y un año después, el 24 de abril de 2000 “POT debe tener Expansión”, las que hoy mantienen vigencia. En esta ocasión, el Alcalde ha anunciado que su proyecto de ciudad para el futuro se enfocará en integrar la región.
Pues bien, el Secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz, arquitecto y experto en la materia de sus actuales funciones públicas, ha venido planteando que el POT se tiene que basar en cinco equilibrios: (i) entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano; (ii) entre la renovación urbana y la expansión planeada; (iii) entre la ciudad y la región; (iv) entre lo macro (los planes de ciudad) y lo micro (la escala humana); y (v) entre lo público y lo privado. Si se logra, dejará huella positiva en nuestra capital.
El nuevo POT debe evitar que Bogotá siga expulsando gente; igualmente tiene que contar con estabilidad en la norma y que sea de fácil interpretación por parte de los ciudadanos; debe permitir la dinámica económica y estar armonizado con la actividad empresarial y de servicios a la ciudadanía, avanzar en competitividad; que se garantice suelo habilitado para más de tres millones de viviendas nuevas que se requiere construir en la región antes de 2050, con transporte público y mejoría de la movilidad.
La construcción de edificaciones es un instrumento de desarrollo y de equidad social. Con la nueva tabla de impuesto predial, que contiene tarifas ascendentes en la medida que el inmueble vale más, lo que podría ser equitativo, por lo exorbitante, desincentiva la inversión y si es para arriendo, el impuesto que antes se pagaba con el ingreso de entre medio y un canon de arriendo, con la nueva tarifa hay que destinar para ello hasta dos cánones. No más presión fiscal.
Para concluir, las normas urbanísticas y la arquitectura, deben ser instrumentos de planeación, que apuntalan la competitividad, la calidad de vida y la inclusión social. De manera específica, Bogotá no es viable sin Cundinamarca y ésta no lo es sin Bogotá, por ello la necesidad de concertar el POT con los municipios de la región.