Por cuenta de la pandemia y su consecuente confinamiento, en 2020 la pobreza en la totalidad de países de América Latina aumentó de manera descomunal. México supera 45% de población en pobreza monetaria. Para nuestro caso, la pobreza aumentó de 29,0% de 2019 a 31,5% a final de 2020, comparable con el nivel de pobreza de Ecuador, Argentina y Bolivia, según la Cepal. Combatir esta lamentable situación, junto con la vacunación, son hoy fundamentales tareas de los gobiernos.
Hogares en pobreza monetaria significa que no están en capacidad de cubrir sus necesidades básicas, fundamentalmente de alimentación, alojamiento, educación, servicios públicos y transporte. De estos, cerca de 30% están en situación aun de mayor vulnerabilidad por encontrarse en pobreza extrema, caracterizada por privación severa de necesidades humanas básicas, equivale a que 14,3% de nuestra población, está “pasando hambre”.
Lo anterior condujo al Gobierno Duque en 2020, por conducto de sus programas sociales (permanentes y coyunturales por la pandemia), Familias y Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor, a realizar transferencias monetarias a beneficiados en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema por $12,3 billones, llegando apoyos a ocho millones de hogares de los 14,2 millones con que cuenta el país.
De forma paralela, el Gobierno se dio en la tarea de mejorar su información para llegar de manera más asertiva a dichos beneficiados. El Sisbén IV es una nueva y potente base de datos, en conformación, relacionada no sólo con criterios de estándar de vida, como lo es el actual Sisbén, sino con ingresos y ponderado con el lugar donde viven. El Sisbén IV además, clasifica la pobreza, en pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad y, hogares que no requieren ayuda monetaria, mejorando la información existente que los divide por grupos familiares en niveles 1, 2 y 3. Esta herramienta la utilizan entidades que lideran programas sociales.
Otro instrumento utilizado con éxito por el Gobierno para combatir la pobreza y el desempleo es el incentivo a la construcción de vivienda. A su turno, la vivienda es el centro de información para clasificar el estrato socioeconómico. Es decir que la metodología y los alcances de la estratificación por estar más ligadas a las características de la vivienda, sus servicios públicos domiciliarios, entorno del sector y la infraestructura que la beneficia, corresponden a elementos que de alguna manera son diferentes a los del Sisbén.
Ahora bien, en cuanto a este instrumento de política económica y social, clasifica las viviendas nuevas donde se focaliza la política pública, con el precio de oferta de las mismas, Vivienda de Interés Social (VIS), con tope de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuantificada en menos de 70 smlmv. De manera reciente y de forma adecuada, el Gobierno amplió el tope de precio para estas clasificaciones con la misma metodología, por tamaño de ciudad región (aglomeraciones de más de un millón de habitantes) y beneficiando además la renovación urbana.
Con la mejora de las mediciones, los gobiernos mejoran su tarea de planear, ordenar y priorizar sus ayudas sociales para combatir la pobreza. Colombia está haciendo la tarea.