Proporcionalidad rota y seguridad en retroceso

La paz sin proporcionalidad: del fracaso de La Habana al espejismo de la “Paz Total”.

Colombia apostó por la paz negociada en 2016. El acuerdo firmado en La Habana bajo el gobierno de Juan Manuel Santos prometía cerrar un conflicto de más de medio siglo. El país aceptó concesiones jurídicas extraordinarias -justicia transicional, participación política garantizada y sanciones restaurativas- bajo un supuesto mayor: que la violencia disminuiría de manera sostenible y que el narcotráfico perdería capacidad estructural.

Una parte de la sociedad aceptó ese intercambio bajo el principio de proporcionalidad histórica: menos castigo retributivo a cambio de menos guerra. Diez años después, la pregunta es inevitable: ¿fue proporcional el sacrificio institucional frente a los resultados obtenidos?

El diseño jurídico permitió que antiguos comandantes ocuparan curules en el Congreso de la República de Colombia mientras comparecían ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Para algunos fue el precio necesario del desarme. En la práctica, una fractura ética: responsables de crímenes graves participando en la elaboración de las leyes mientras el país asumía el costo moral del acuerdo.
El problema no es la legalidad, sino la eficacia material.

Tras la desmovilización, amplias zonas antes controladas por las Farc fueron ocupadas por disidencias, el ELN y estructuras narcotraficantes. Las economías ilícitas no desaparecieron; se transformaron. La sustitución integral de cultivos ilícitos avanzó con dificultades. El narcotráfico no fue desmontado estructuralmente; se fragmentó y en varias regiones consolidó nuevas dinámicas criminales.

La violencia no se extinguió. Cambió de configuración.

A esa realidad se suma la política de “Paz Total” impulsada por Gustavo Petro. La estrategia amplió el modelo negociador hacia múltiples actores armados, incluidos grupos de naturaleza predominantemente criminal. Los ceses parciales, las negociaciones fragmentadas y la persistencia del control ilegal en corredores estratégicos han alimentado la percepción de debilitamiento del monopolio legítimo de la fuerza.

El resultado es una paradoja inquietante: más mesas, pero no necesariamente menos violencia estructural. Más discurso de reconciliación, pero crece la inseguridad personal y jurídica en distintas regiones. La inversión se vuelve cautelosa y el ciudadano percibe un Estado tensionado entre negociar y ejercer autoridad.

Aquí emerge el núcleo del debate: la proporcionalidad.

Colombia aceptó una justicia transicional diferenciada para cerrar el conflicto con las Farc. Si la violencia reaparece bajo nuevas siglas, si las economías ilícitas se expanden y si la seguridad territorial continúa frágil, la ecuación se desbalancea. La concesión fue alta; el resultado sigue siendo discutible.

La paz no se mide solo por la firma de un acuerdo ni por la existencia de mesas de diálogo. Se mide por la reducción sostenida del miedo, el control efectivo del territorio y la confianza ciudadana en la ley.

Sin proporcionalidad entre concesión y resultado, la legitimidad se erosiona. Y sin legitimidad, ninguna arquitectura jurídica consolida una paz estable y duradera.