En razón a que en el Congreso de la República se está tramitando, por iniciativa gubernamental, una veintena de proyectos de ley que incluye temas de altísima sensibilidad y gran trascendencia para el futuro del país, ha habido otros ajustes de política pública, que, si bien se reflejan en la asignación o reducción de recursos en el Plan Nacional de Desarrollo, han pasado desapercibidos en los medios de comunicación.
Es el caso de la política de construcción de vivienda que, durante las dos últimas décadas ha sido instrumento de crecimiento económico, de solidaridad social y de generación de empleo, pero que hoy, por falta de recursos particularmente en los subsidios familiares de vivienda para los hogares más necesitados, se encuentra desatendido. Existen grandes proyectos de vivienda social en construcción e incluso terminados, en los que los beneficiarios están afectados porque no están logrando que se realice el desembolso del subsidio que se les había asignado, o bien por cambio de reglas o bien por falta de recursos, con lo que pierden el cierre financiero para la compra de su vivienda.
La comercialización de viviendas nuevas y su construcción, que por años creció y aportó tanto al desarrollo económico del país, perdió su dinámica. Año tras año había récord histórico en ventas, como sucedió en 2022. En la actualidad, las ventas han caído en picada y el sueño de miles de familias de tener casa propia se está vulnerando, tanto que en el último trimestre la comercialización cayó en más del 60% si se compara con el mismo período del año pasado.
Como está sucediendo en otros sectores económicos, el de la construcción de vivienda formal está fuertemente afectado, por la inflación, las altas tasas de interés, la revaluación del dólar y por supuesto por el panorama económico y de desconfianza. Ante esta circunstancia, por el contrario, el gobierno por su compromiso social, encuentra en este sector el mejor instrumento, especialmente en la VIS y la VIP, como política anti cíclica.
Es perentorio entonces, que el oportuno anuncio del Ministerio de Vivienda para reactivar el programa de Mi Casa Ya, sea una realidad, comenzando por honrar los compromisos anteriores de subsidios, y con la asignación de recursos adicionales en el presupuesto nacional. Una cifra cercana a los 3 billones de pesos anuales en subsidios familiares de vivienda, como apoyo a las cuotas iniciales de los hogares más necesitados, es la cifra que en este momento requiere el país para cumplirle a los hogares con ingresos de menos de 4 Smmlv y de paso no destruir la actividad empresarial de la construcción formal.
Los anuncios del Gobierno y el deseo de la Ministra de Vivienda deben volverse realidad para evitar una posible debacle en la actividad de la construcción y el grave impacto que además ello irradia en la gran cantidad de servicios conexos que la nutren y dependen en buena medida de ella. Esta reflexión es también para los presidentes de los partidos políticos conocedores de la participación de la construcción de vivienda como instrumento social, de modo que retome la senda de crecimiento económico, de creación de empleo y de formación patrimonial de los hogares.