El riesgo país, ha sido una medición utilizada para señalar riesgo inherente al comercio exterior, a las inversiones productivas y a las financiaciones de un país. Por ello, las entidades multilaterales, construyen mapas con valoración comparativa de dicho riesgo. Para cuantificarlo, se estudian las características políticas, económicas, sociales, de gobernabilidad; complementado con la estabilidad institucional, fiscal y jurídica. La evaluación mide la probabilidad de sufrir una pérdida, de tener retrocesos.
Un mercado con demanda creciente genera oportunidades, las que se vuelven atractivas en la medida que el inversor, pueda razonablemente controlar el riesgo. Hay elementos que amplían el riesgo país, como son la posibilidad de expropiación, de nacionalización, el orden público y la inestabilidad en general. Las agencias de calificación de riesgos soportan sus análisis en los anteriores factores.
La estabilidad democrática y macroeconómica de nuestro país genera apetito de inversión; el desarrollo de nuestras principales regiones y ciudades lo apuntalan.
Pues bien, en el mundo moderno, donde también se mide la competitividad de las ciudades, la gestión local es el gran desafío. Por ello, se puede establecer el riesgo ciudad, e incluso el riesgo alcalde. Para el caso colombiano, el talante de estabilidad, la confianza inversionista, la gobernabilidad y la buena relación institucional con la nación, la banca y el empresariado, indefectiblemente influyen en el riesgo ciudad.
Para la capital, el hecho político de la elección de una alcaldesa de vertiente distinta al actual presidente y al alcalde saliente es muestra de madurez democrática. Alcaldesa por demás, elegida por su valentía al atacar males endémicos de nuestra patria, como la corrupción y el abuso del poder; contó con un respaldo popular a su programa de gobierno, que le apuesta a la educación y a la mejora de la seguridad pública, así como, entre otros proyectos específicos, extender la línea del Metro hasta Suba y Engativá.
El liderazgo de Claudia López, quien en sus primeras declaraciones señaló su deseo de que no se expidiera el POT por Decreto, produjo un resultado político de hundimiento del Plan en el Concejo. Es una señal de pérdida de estabilidad. Proyecto que refleja un trabajo de planeamiento serio, colectivo y profesional, con soporte investigativo y planteamientos que necesita Bogotá; los que podrán ser utilizados por el gobierno entrante, para construir el nuevo POT, el que probablemente se otorgará por Decreto, como históricamente se ha expedido.
Con relación al sistema Metro ya adjudicado a un Consorcio Chino, su estructuración tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el aporte de usuarios aferentes a la Av. 68 y a la Av. Ciudad de Cali. Hubo inquietudes por parte de la nueva alcaldesa sobre este particular. Si se modifica el trazado, es posible que se inicie con un incumplimiento por parte del contratante, lo que haría que los adjudicados puedan citar a Tribunal de Arbitramento. Necesitamos obras y no pleitos.
La formación académica destacada de Claudia López, su recio carácter, su condición de servidora pública, harán que estos episodios sean temas de calor político, pero prime en su Administración la defensa de la seguridad institucional y jurídica, para no afectar la calificación de riesgo ciudad y para el beneficio de los gobernados.