Seguridad energética: La decisión del país

La energía sigue siendo el eje silencioso del poder. Más allá de lecturas maximalistas, hay hechos verificables que explican hacia dónde se mueve el mapa energético global. ¿Y Colombia?

En apenas cinco años, el mercado cambió de manera profunda. La guerra en Ucrania marcó un punto de quiebre: Europa, que durante décadas dependió del gas ruso por gasoducto, tuvo que reconfigurar su abastecimiento. En ese tránsito, Estados Unidos emergió como proveedor clave de gas natural licuado (GNL), ampliando sus exportaciones hacia el continente europeo.

El cambio no es menor. El GNL exige infraestructura especializada -plantas de licuefacción y terminales de regasificación- y contratos de largo plazo que generan relaciones más estables, pero también más rígidas. Los países no cambian de proveedor con facilidad.

Al mismo tiempo, Estados Unidos consolidó su posición como mayor productor mundial de petróleo y gas, gracias al fracking. Esa condición le otorga una ventaja estratégica: no solo abastece su mercado interno, sino que puede influir en el equilibrio global como exportador relevante.

En contraste, otros actores han visto limitadas sus opciones. Rusia perdió participación en Europa; Irán y Venezuela continúan bajo restricciones. China, gran consumidor de energía, depende en buena medida de rutas marítimas para garantizar su suministro. El resultado es un sistema menos diversificado que hace una década, aunque aún lejos de ser monopólico. A su turno, Colombia debe decidir entre la autosuficiencia y la dependencia.

Este reordenamiento global va más allá del sector energético. Refuerza el papel del dólar, condiciona decisiones de política exterior y altera flujos de inversión. Incluso la tecnología depende de esa base material: los centros de datos y la inteligencia artificial requieren energía abundante y confiable.

En ese nuevo mapa, el fracking no es marginal, sino decisivo. Y ahí Colombia enfrenta una disyuntiva ineludible. Con reservas probadas en descenso, menor producción y una demanda creciente, el país ya avanza hacia una mayor importación de gas, con costos más altos y mayor vulnerabilidad externa. Pretender sostener la autosuficiencia sin ampliar la frontera exploratoria resulta insostenible.

Por eso, más que un debate ideológico, el fracking debe abordarse como una decisión de política pública basada en evidencia. Colombia necesita aumentar su producción para garantizar seguridad energética, estabilidad fiscal y competitividad. Negarse de manera absoluta a los yacimientos no convencionales implica aceptar dependencia del exterior. La discusión ambiental es legítima, pero también lo es reconocer que otros países han desarrollado esta técnica bajo estándares cada vez más exigentes.

Lo que observamos no es un dominio absoluto, sino un nuevo equilibrio. En ese escenario, Colombia no puede limitarse a observar: debe decidir si quiere producir su energía o depender de la de otros. Diversificar fuentes y asegurar respaldo para la demanda creciente será una condición de soberanía.