Seguridad hídrica
viernes, 1 de agosto de 2025
Sergio Mutis Caballero
Cuando se habla de seguridad energética o alimentaria, el debate suele captar atención inmediata. Pero hay un frente más silencioso, y quizá más urgente, del que poco se dice: la seguridad hídrica. No depende únicamente de represas o redes de acueducto, sino de ecosistemas de alta montaña que operan por encima de los 3.000 metros: los páramos.
Colombia alberga más de 50% de los páramos del planeta. En ellos se produce y regula el agua que nutre los sistemas naturales y urbanos del país.
En nuestros páramos nacen los principales ríos, se recargan acuíferos y se estabilizan los ciclos de lluvia. Desde Sumapaz -el más grande del mundo- hasta Chingaza, Santurbán o Pisba, estos ecosistemas abastecen de agua potable a cerca de 25 millones de personas. Bogotá, Bucaramanga, Medellín y decenas de ciudades intermedias dependen de lo que ocurre en esos páramos. En cambio, muchas ciudades sin esa conexión enfrentan problemas crónicos de calidad: turbidez, contaminación bacteriológica o deficiencias en tratamiento.
Aunque el país ha mejorado en cobertura, más de cuatro millones de colombianos aún no acceden a agua potable, y otros tantos reciben un servicio deficiente, sobre todo en zonas rurales y costeras. Allí, los páramos podrían jugar un papel estratégico, si existieran infraestructura y voluntad para conservarlos e integrarlos a la planificación del territorio.
El problema es que los páramos no cotizan en bolsa ni recaudan impuestos. No generan cifras visibles. Pero cuando se degradan, los costos económicos son inmediatos: escasez, racionamientos, conflictos sociales y pérdida de capacidad productiva. Se pierde más de lo que nunca se llegó a contabilizar.
Mientras se discuten reformas fiscales, subsidios o megaproyectos, los páramos enfrentan presiones cada vez mayores: expansión agropecuaria, minería ilegal, urbanización informal. En algunos casos, se otorgan títulos mineros donde debería haber protección ambiental. En otros, ni siquiera se reconoce la necesidad de su coexistencia regulada.
Una economía moderna no puede debilitar su infraestructura natural. Colombia tiene una ventaja ecológica estratégica que debe ser respaldada por política pública seria y coherente. Como se resaltó en Construverde XV -que concluyó esta semana en Bogotá-, organizado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. El desarrollo no es viable si no se basa en la resiliencia de los ecosistemas.
Necesitamos empezar a ver los páramos como activos estructurales del desarrollo. No solo son reservas naturales: proveen servicios ecosistémicos esenciales, como agua potable, regulación térmica, eficiencia energética o productividad del suelo. No se trata solo de conservación: se trata de proteger capital.
Un país que no protege sus fuentes de agua, más que pobre, es inviable. Y si no integramos la seguridad hídrica al desarrollo económico y social, el día que falte el agua no será el más seco, sino el más costoso. Solo entendiendo el valor compartido que generan los páramos podremos tomar decisiones informadas sobre su financiamiento, su gestión y, en últimas, sobre la protección de nuestro capital más importante: la vida.