El mercado de vivienda en Colombia presenta una alta demanda debido a la creación de más hogares que viviendas formales construidas. Se suma a esto un déficit acumulado, tanto en cantidad (1,3 millones de unidades, siendo 70% de vivienda social VIS), como en calidad (la mitad de las viviendas se construyen sin licencia, con falencias urbanas y técnicas, resultando en que alrededor de cuatro millones presentan deficiencias).

A pesar de las medidas gubernamentales para revitalizar la construcción de viviendas, utilizando el sector como un instrumento contracíclico para contrarrestar la evidente caída económica y como política social (generando empleo y apoyo patrimonial a los hogares), la actividad edificadora formal sigue cayendo, con tendencia a empeorar.

Las preventas de viviendas sobre planos en el último año han disminuido en más de 50%, lo que se traducirá en una menor construcción y un mayor desempleo en el futuro. Es previsible que el empleo directo e indirecto en la construcción caiga en más de 500.000 ocupados para 2024.

La incertidumbre en el sector de la edificación de vivienda se ve marcada por altas tasas de interés, inflación, sobrecostos de materiales e insumos de construcción, alza desmedida y volatilidad del dólar, falta de subsidios familiares de vivienda para los compradores de VIS y desconfianza generalizada en la inversión. Además, en un momento inoportuno, se suma el deseo del gobierno de aumentar desmesuradamente el impuesto predial.

La decisión de actualizar la información catastral es obligatoria por mandato legal, con el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011 estableciendo que los municipios deben hacerlo máximo cada cinco años, y la participación del Igac como principal autoridad catastral de Colombia es su obligación. Además, el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 - PND establece un procedimiento acelerado con una metodología desconocida, lo que genera preocupación.

La inoportunidad de aumentar impuestos en medio de la caída económica es absurda y aleja la inversión, especialmente en finca raíz, contribuyendo inexorablemente a la inflación. Además, afecta negativamente a la actividad agropecuaria, alejándola de su recuperación. La construcción y el agro son los sectores económicos que generan empleo de forma masiva.

Es posible actualizar los catastros sin aumentar el impuesto predial en igual proporción. Aunque colocar topes es una buena idea, los del proyecto de ley son excesivos. Hay dos normas legales sobre topes: la Ley 444 de 1990, artículo 6, que permite hasta el doble del año anterior, y la Ley 1995 de 2019, artículo 2, que está vigente con límites más razonables (IPC + 8 puntos porcentuales).

Las tarifas del predial han sido históricamente altas, justificadas por el desactualizado avalúo catastral en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, con los anunciados aumentos de los valores catastrales, el impuesto predial se vuelve impagable, contradiciendo las necesidades del país y afectando a todos los colombianos. Esto también va en contra de lo anunciado por MinVivienda, que busca revitalizar la actividad edificadora.