Hoy, 40 años después de la tragedia de Armero, me permito hacer una reflexión técnica: ¿Qué pasaría si el Volcán Nevado del Ruíz hubiera tardado una pequeña fracción de tiempo geológico en activar una de sus históricas erupciones registradas y hoy fuera el día?
Si hacemos una proyección teórica con municipios similares a 2025 tendríamos una población de más de 55.000 armeritas en el casco urbano, en un entorno de centro subregional del Magdalena Medio con importantes actividades funcionales de salud, educación, agropecuarias, agroindustriales, culturales, financieras y turísticas.
Vale la pena decir que en 1985 no había Ley de Ordenamiento Territorial (1997), ni Ambiental (1993), ni mucho menos Ley de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2012); la información técnica era menos precisa que la que tenemos hoy, pero suficiente para determinar el riesgo.
Ahora me pregunto: ¿Qué estaría pasando si Armero hoy adelantara un proceso de ajuste a su POT, para el cual debería hacer los estudios básicos y detallados de gestión del riesgo? No hace falta ser experto para afirmar con certeza, que el caso urbano estaría localizado en un área de “Riesgo No Mitigable”, que conlleva a una única decisión que es la reubicación.
Solo imagínense la situación del alcalde, al tener un estudio oficial con esta realidad, pidiendo ayuda al gobierno departamental y nacional una solución, so pena de la pérdida de vidas y adicionalmente del patrimonio e identidad de la población. Igual situación vivió en 1985 el alcalde del momento cuando alzó su voz al unísono con los institutos de investigación, expertos y muchas otras personas conocedoras del territorio, que sin la Ley ni estudios de gestión del riesgo actualmente definidos en la norma, habían advertido del peligro latente en el que estaba este pueblo.
Evitar o predecir el momento exacto de la erupción era y sigue siendo imposible, pero la responsabilidad del Estado sí estaba en activar lo que hoy se denomina sistemas de alertas tempranas, donde se pudo evitar no solo la pérdida de vidas, sino el inicio de la extinción de un pueblo de armeritas, ya que los que sobrevivieron y sus nuevas generaciones entraron en una diáspora sin territorio propio, salvo aquellos pocos que se asentaron en la inspección de policía hoy casco urbano de Armero Guayabal.
¿Será que hoy sí atenderíamos las alertas tempranas? ó ¿Será que hoy el Estado dispondría de voluntad política y mínimo $12 billones para reubicar en un lugar seguro 20.000 viviendas con infraestructura y equipamientos? Difícil respuesta, si 40 años después solo vemos una deuda en la reconstrucción de un territorio; la acción del Estado no puede ser solo el conocimiento y mitigación del riesgo y la atención de la emergencia, debe responsablemente hacer acciones para recuperar los territorios que son la base y la identidad de un pueblo.
En homenaje a un pueblo de armeritas que siguen luchando por la recuperación de su identidad territorial.