Avalúos: chambonada a suspender o demandar

La discusión sobre los avalúos catastrales no se refiere a la conveniencia o no del llamado catastro multipropósito, que no es una invención del gobierno Petro, sino que desde hace no menos de 15 años el tema está en discusión en el país. Se entiende que el valor fiscal de un predio, en particular rural, trasciende el concepto de su extensión para calcularlo, incluyendo otras variables importantes como su uso o vocación, explotación, localización, infraestructura -no solo vial- y las condiciones geológicas, ambientales e incluso la cercanía a centros de población, para no hablar del tema de la seguridad.

El plan de desarrollo del gobierno próximo a terminar (Ley 2920 de 2003) dispuso en su artículo 49 que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) adoptara una “actualización masiva de valores catastrales rezagados que permitieran realizar el ajuste automático de los valores en todo el país por una sola vez y que no debería demorar más de dos años”. Así se determinó que fuera sin excepciones, automática y en forma inmediata para los predios con desactualización de su valor antes de 2018. Por eso, el Igac, como autoridad catastral nacional, expidió una resolución (2057 del 30 de diciembre de 2025).

Primer error: si el Igac llevaba tantos años sin hacer la actualización, era muy difícil que una medida de 30 de diciembre lo lograra en solo tres meses, así contara con el respaldo de entidades como Hacienda y el DNP, que de técnica catastral no tienen ni idea. Paloma Valencia fue la opositora más fuerte a la improvisación.

Dos primeras mentiras que se suman a la larga lista del gobierno de Gustavo Petro. 1. Es claro que los avalúos nacen en una norma de responsabilidad de la administración central y no de los territorios, y 2. no es cierto que el proceso de paz de 2016 impusiera semejante torpeza, así hiciera referencia al asunto.

En la citada resolución hay un cuadro que establece los reajustes en los valores catastrales para cada uno de 520 municipios escogidos. Y ahí es donde se da lo que se considera, sin duda alguna, la chambonada, mezclada con estupidez, improvisación, ridiculez e irresponsabilidad del gobierno de Petro, a no ser que se tenga un objetivo oscuro, muy propio de quienes creen que la escala social de la propiedad es la razón de ser para establecer tarifas confiscatorias.

Los casos de aumentos producen rabia e incredulidad, y las protestas, que seguramente se extenderán más allá de los Santanderes, han sido calmadas temporalmente. En Amazonas hay aumentos en los avalúos de 2.582% en Leticia y 4.730% en Puerto Nariño. Quiere decir que una finca con un valor de $200 millones pasa a valer más de $5.000 millones o más de $8.700 millones. Congelar la tarifa del impuesto es inocuo si el avalúo, por sí solo, es confiscatorio.

En Saravena (Arauca) hay aumentos de 2,5 millones%; en San Andrés, de 2.865%; en Campo de la Cruz (Atlántico), de 316.039%; en El Peñón (Bolívar), de 81.815%; en Morales, de 224.558%; en Aquitania y Almeida (Boyacá), hasta de 5.273%; y en Briceño, de 1.462%. El pobre Cauca no se escapa: Argelia, 8.547%; Páez, 2.225%; Silvia, 1.085%; y Suárez, 3.848%. En Quibdó, 931%; en Baraya (Huila), 32.433%; en Campoalegre, 6.627%; y en San Agustín, 1.248%. En Alpujarra, Ambalema y Coyaima (Tolima), entre 3.700% y 4.300%, y en El Líbano, 1.925%. La lista sigue en el Eje Cafetero, Antioquia y toda la Costa, entre otros. Aquí no cabe discusión alguna. La irracionalidad es total y resulta ridículo defender cualquier método y prueba de que Petro está en otra dimensión. Solo queda un camino: reversar la medida, que no es ni siquiera un decreto sino una resolución del Igac, cuyo director debería dejar el cargo por inepto, y volver a comenzar el trabajo, afortunadamente no ya este gobierno terminal. Por eso tiene todo el sentido demandar la norma si el gobierno no la echa para atrás. El asunto apenas comienza y su solución no puede quedar en manos de unos funcionarios de segundo nivel del Igac. Otro desastre anunciado.