Cámaras de comercio sumidas en burocracia

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En Colombia hay 58 cámaras de comercio con 230 sedes y más de 5.000 empleados, una distribución caprichosa que, aunque son entidades privadas, manejan anualmente más de $2 billones de origen público y activos por más de $4 billones, en su mayor proporción producto de la tarifa anual que pagan todas las empresas constituidas (incluyendo personas) en la región respectiva y que cada año deben revalidar y pagar. En Valle del Cauca hay 7 cámaras, en Antioquia 5 y 3 en la mayoría de los departamentos, lo cual demuestra su ineficiencia cuando casi 99% de los negocios son micro y pequeños.

Su creación como instrumento cívico-empresarial para impulsar el desarrollo regional está lejos de cumplirse y más bien se ha convertido en un ente burocrático sin mayor trascendencia, de una élite de empresarios locales no necesariamente los más exitosos que, además de vivir de una renta atada, están a la pesca de convenios interadministrativos con gobernaciones y alcaldías para hacerle el quite a las reglas de la contratación pública y en no pocas ocasiones beneficiar a miembros de las juntas directivas.

Hoy su función principal es la de llevar el mero registro mercantil, establecido hace 90 años, que se ha convertido en un odioso trámite de muy poca utilidad para los empresarios y para el mismo gobierno, que en muchos países se ha eliminado o reducido al mínimo y sin costo, caso Unión Europea, Chile, Perú, México y Brasil, manteniendo solo el registro en su creación mercantil. Ni la renovación anual, ni el pago recurrente tienen algún sentido. La eliminación de ese trámite, hoy inútil, sería la forma de obligarlas a buscar nuevas fuentes de ingresos para el verdadero apoyo al emprendimiento e inversión locales.

Las juntas directivas están compuestas por delegados del gobierno nacional en una tercera parte, con los que se pagan favores políticos, y delegados de sus afiliados en las otras dos partes, estatus que ni siquiera se alcanza con 5% de las empresas registradas. Por ejemplo, en Bogotá hay 500.000 registros y la junta directiva la eligen escasamente mil. Y en el país es lo mismo: de los 1,8 millones de registros ni siquiera los afiliados son 3% y votan para elegir la junta uno de cada diez. Hay que decirlo, las cámaras de comercio no representan a los empresarios y se hace urgente su reforma, dado que podrían ser determinantes en el crecimiento y la formalización del tejido empresarial. No se conoce una gestión significativa para impulsar el desarrollo de nuevas empresas, sino que “pelechan” con lo que tienen.

Concretamente, aprovechando que el Congreso de la República debe abordar la reglamentación del acto legislativo que elevó la participación justa (no cesión) de ingresos a las regiones por parte del gobierno, sería clave un revolcón en las cámaras para que hagan la tarea, o si no podrían desaparecer sin que nadie se entere. La información del registro le serviría al Dane como fuente de información útil, y el registro de los libros contables podría hacerse en la Supersociedades o en la SIC. Y los empresarios se ahorrarían $1 billón.

Los territorios deben ganar espacio en el manejo de sectores como el turismo, la cultura, el deporte y el agro, así como en las emergencias y desastres, hoy en poder de burócratas poco transparentes del Palacio de Nariño. Una verdadera descentralización debería incluir también una reforma a la Ley 80 de contratación pública, al sistema de regalías y a los organismos de control para que vigilen el uso de los recursos. Las cámaras podrían jugar aquí un papel importante como veedores cívicos y asesores en esos frentes con clara vinculación con la economía y el progreso regionales.
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Ñapa. Gran propuesta del Mintransporte al Minhacienda: modificar la programación de vigencias futuras en proyectos de la ANI. Agregaría: más bien una reestructuración.