Cámaras de comercio y descentralización

Las cosas son como son y no como deben ser. Las 58 cámaras de comercio del país fueron creadas como instrumentos privados cívico-empresariales para impulsar el desarrollo regional, pero hay que ser sinceros: lo que menos hacen relevante es cumplir ese objetivo y más bien se han convertido en entes burocráticos sin mayor trascendencia, de una élite de empresarios locales no necesariamente los más exitosos.

Su función principal, la de llevar el mero registro mercantil, establecida a comienzos de los años treinta del siglo pasado, se ha convertido en un odioso trámite de muy poca utilidad para los empresarios y para el mismo gobierno, que en muchos países se ha eliminado en su renovación anual, como en la Unión Europea, Chile, Perú, México y Brasil, manteniendo solo el registro inicial o cuando se hacen ajustes. En Colombia, alrededor de 50 cámaras tienen en el pago anual, a finales de marzo, su fuente única de ingresos, lo cual lleva a tener una renta atada para sostener su burocracia. Ni la renovación anual, ni el pago recurrente, ni las sanciones por no hacerlo tienen algún sentido. Su eliminación sería la forma de despertarlas en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para el verdadero apoyo al emprendimiento y el fomento de la inversión.

Las juntas directivas están compuestas por representantes del gobierno nacional en una tercera parte y por sus afiliados, que ni siquiera alcanzan 5% de las empresas registradas. Por ejemplo, en Bogotá hay 500.000 empresas registradas y la junta directiva la eligen escasamente 1.000. Y en el país es lo mismo: de las 1,8 millones de empresas, ni siquiera las afiliadas son 3% y vota 1% para elegir la junta. Por eso las cámaras de comercio no representan a los empresarios y se hace prioritaria su reforma, dado que podrían ser determinantes en el progreso regional y en el crecimiento y la modernización del tejido empresarial, sustentado hoy casi 99% en pequeñas empresas.

Concretamente, aprovechando que el Congreso de la República debe abordar la reglamentación del acto legislativo que elevó la participación justa (no cesión) de ingresos a las regiones por parte del gobierno central, sería clave entrar a hacer un revolcón en las cámaras de comercio para que hagan la tarea o, si no, podrían desaparecer sin que nadie se entere. Por fortuna, Gustavo Petro y su ministro Armando Benedetti ya no tienen espacio para la ley de competencias, por lo que debe quedar para que la estudie con toda responsabilidad el gobierno entrante. El proyecto dejado por el “desastre” de Petro es un adefesio fiscal y jurídico, irresponsable y, paradójicamente, de aprobarse terminaría castigando a las mismas regiones.

Los territorios deben ganar espacio en el manejo de sectores como el turismo, la cultura, el deporte, la seguridad y el agro, así como en las emergencias y los desastres, hoy en poder de burócratas del Palacio de Nariño, ineficientes y poco transparentes. Una verdadera descentralización debería incluir también una reforma a la Ley 80 de contratación pública, al sistema de regalías y a los organismos de control para que vigilen el uso de los recursos. Las cámaras podrían jugar aquí un papel importante como veedores en esos frentes con clara vinculación con la economía y el progreso. Sin tanta carreta.