Aunque es un problema, el déficit fiscal no es el asunto número uno que debe enfrentar el gobierno de Abelardo. Hay que bajarle a la histeria, al extremo tecnicismo y al manual dogmático para el manejo del tema, pues son muy conocidos y concretos los instrumentos que se deben utilizar, y entender que la política fiscal es solo un componente de la conducción de la economía.

¿Qué pasa si hoy el gobierno presenta una reforma tributaria que aumente impuestos y hace un ajuste muy brusco del gasto público, como lo están pidiendo algunos? No es difícil responder a esos pregoneros: dado que el desempeño de la economía es muy débil (la mitad del promedio anual de lo que va de este siglo), la actividad productiva sufriría un golpe adicional, pues la demanda agregada se contraería, con lo que más impuestos no representarían mayores recaudos, como se dice. Y el país entraría en una desaceleración, asimilable fácilmente a una recesión.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de atender problemas de balanza de pagos, les presta dinero a los países para tal efecto. Hoy Colombia no tiene problema cambiario alguno que la obligue a acudir al organismo, porque cuenta con más de US$68.000 millones en reservas internacionales para atender sus obligaciones con el exterior, distintas a la deuda pública. Es evidente que no se pueden derrochar, en particular con un déficit comercial que este año podría ascender a US$20.000 millones, cerca de 30% de las reservas. Hasta ahí está entendido.

No se puede decir lo mismo de la deuda del gobierno: pasó de 29% a 65% del PIB entre 2012 y 2026, todo un desastre, pues buena parte se dedicó a gastos corrientes y no a generar riqueza para pagar los intereses. Ahora el gobierno busca recursos del Fondo para financiar el presupuesto, mucho más baratos (5%) que los obtenidos en el pasado reciente de otros prestamistas (hasta 14%). Adicionalmente, si se sabe negociar, los plazos y las tasas de interés pueden ser favorables.

El FMI ya no es el mismo del pasado. Si bien es obvio que, como cualquier prestamista, pone condiciones a sus créditos, en la última década ha flexibilizado las exigencias de ajuste en las políticas monetaria y fiscal, reconociendo que, aunque su fórmula estabiliza la economía en el mediano y largo plazo, en la coyuntura produce recesión, desempleo y mayor pobreza. El remedio, peor que la enfermedad. En otras palabras, sus equipos técnicos reconocen que el componente social es determinante en la estabilidad de los países. Eso lo ha comprobado el Fondo en coyunturas como la crisis financiera de 2008 y la pandemia del Covid. “En vez de llevar al crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, a la vez que ponen en peligro la expansión duradera”, es el acto de contrición del FMI publicado en su órgano oficial (2016), que no fue rectificado, con lo que se asume que “quien calla otorga”. En esos términos, el faltante fiscal del gobierno (9% del PIB) se hace manejable en un período razonable con los desembolsos graduales y con los ajustes, en particular del gasto, que ha prometido el Ejecutivo. Por eso, no es que el problema fiscal deje de ser una prioridad, sino que en el horizonte de muy corto plazo aparecen dos asuntos que deben copar la agenda: la creciente inflación y la eventual crisis de abastecimiento eléctrico por efecto del fenómeno de El Niño y de una equivocada, irracional y chambona transición energética ideológica, que de paso alimenta aún más el costo de vida vía tarifas.

Como vamos, vamos para una inflación de 7% en diciembre de este año, más de 20% frente al año anterior, lo cual llevará a un aumento de la tasa de interés, como lo acaba de decidir el banco central al ubicarla en 12,25%, aunque sin duda puede ser mayor. Gobierno y banco deben coordinar la política en la materia, pero el primero tiene que poner mucha más atención en los precios de los servicios administrados, como la energía, el agua potable, el gas, la salud, la educación y los combustibles, que poco tienen que ver con la moneda.

De otro lado, no hay que menospreciar el fenómeno de El Niño y sus consecuencias en la producción de alimentos básicos y procesados. Un recorrido por zonas, más allá de la sabana de Bogotá, produce mucha preocupación. Y algo más: la revaluación puede ayudar a una inflación menor, pero castiga a los sectores exportadores que empujan la producción. Las cifras de desempleo tampoco son para alegrarse. Sería caer en el peor de los mundos: estancamiento con inflación.