Defensa del calentado y del arroz con huevo

Siempre hemos dicho o escuchado, con razón o sin ella, que Colombia es una de las zonas llamadas a ser una despensa de alimentos para el mundo. Es una ilusión que no pasará de ser carreta si seguimos como vamos: el país tiene entre 40 y 41 millones de hectáreas con potencial agrícola, pero increíblemente solo hay sembradas 5,6 millones, esto es, 14%, cifra que en nada enorgullece a una supuesta potencia del agro.

En pastos de todo tipo puede haber -sin confirmar- unos 20 millones, y en el resto cabe todo: actores al margen de la ley involucrados con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la tala indiscriminada y el fenómeno de la usurpación de tierras, los páramos y las áreas destruidas por la deforestación, incluidos parques nacionales.
Pero el tema aquí es otro. De los 5,6 millones de hectáreas sembradas, 3,3 millones, 59%, están en cinco cultivos: café, palma, arroz, plátano y maíz, y en solo los tres primeros se concentra 40% del total.

El producido de los dos primeros, café y palma, se orienta más al mercado externo, con lo que el arroz se convierte en el principal cultivo que se destina en su totalidad al consumo nacional. Su consumo per cápita es de 41 kilos, solo superado por Panamá y Perú. Y en las zonas más pobres, como el Pacífico y el Caribe, es determinante en la dieta.

A nadie, por brillante que sea, le puede caber en la cabeza que, por factores de distinta índole, el arroz no reciba toda la atención del gobierno, una responsabilidad que debe asumirse sin reparo alguno en compañía del sector privado. Lo que se requiere es remover los factores que impiden que la producción alcance para atender la totalidad del mercado interno, y no necesariamente para exportación, en la que no tenemos mayor posibilidad frente a los países asiáticos, Brasil y Estados Unidos. Todo intento de exportar ha sido un fracaso.

En el país se cultiva arroz en 190 municipios y hay 17.000 agricultores dedicados a él, pero se han dado cambios muy importantes en la estructura productiva regional. Hasta hace unos años, Tolima y Huila eran los más importantes por efecto de los distritos de riego, pero hoy solo siembran 130.000 hectáreas de un total de 600.000, y su frontera es muy limitada. El Llano, con Meta, Casanare y Arauca, siembra más de 400.000 hectáreas.

La productividad en el Tolima Grande está alrededor de 7 a 7,5 toneladas por hectárea, en tanto que en el Llano no llega a cinco, pero los costos operativos, el valor de la tierra y el del agua son mucho menores que en el centro. Es más, estudios del Ministerio de Agricultura señalan que la frontera agrícola en el Llano puede ampliarse fácilmente hasta 1,6 millones de hectáreas sembradas.

¿La relativamente baja competitividad del arroz colombiano es culpa de los agricultores? Sí, en parte, por una visión corta en el manejo de variables como la laxitud en el uso de semillas certificadas, la ausencia de mejores prácticas agrícolas, el poco desarrollo de tecnologías y el descuido en la aplicación de insumos, insecticidas y abonos, pero también de los rectores de la política, que diseñan la atención al cultivo en función de la coyuntura de la cosecha próxima y no con criterio de largo plazo.

En Colombia hay una inconveniente división de la cadena arrocera entre sus principales eslabones, los agricultores y los industriales, representados por dos gremios en permanente disputa: Fedearroz, de los productores, e Induarroz, de los procesadores. Resulta obvio que debe haber un solo gremio que integre la cadena con mecanismos de protección mutua, y que incluya también a los actores de la comercialización al por mayor y al detal y a los productores de insumos y semillas. Es la única forma de supervivencia cuando sus intereses son los mismos.

En 2012, con la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, se estableció un período de transición arancelaria hasta 2030 para hacer competitiva la producción nacional. Aunque se han dado avances, la división entre agricultores e industriales y la salida fácil de los ministros de Agricultura de subsidiar los precios por la vía de un incentivo al almacenamiento para evitar conflictos son una espada que en tres años será inflexible, y todos perderán, incluidos los consumidores, que deberán comprar arroz gringo al precio que sea. En 2030 el arancel para importar desde EE.UU. será cero.

No queda sino un camino: las buenas maneras entre el gobierno y los actores arroceros, sin dejar de pensar en el marañón de La Guajira, que produce los primeros frutos a los cuatro años de sembrado. Hay que pensar al menos en las “ingenieras de cocina”, que determinan el punto exacto de la cocción en la olla para que la patrona y los comensales queden contentos y la feliciten.

¿Será mucho pedir?