Fair play en las competencias

Que Colombia es un país se regiones se ha vuelto una especie de consigna, como lo son otras afirmaciones de “se necesita una reforma tributaria estructural”, la inflación es un impuesto contra los pobres” y “si no hacemos nada se nos acaba el agua”.

Producto de la hostilidad y malos tratos de Gustavo Petro hacia los gobernadores de regiones en las que perdió la alianza de grupos que lo llevó al Palacio de Nariño (que no es Real), los mandatarios decidieron pasar la cuenta y cobraron, con el apoyo de sus bancadas: empujaron en el Congreso una reforma al Sistema General de Participaciones para recuperar los establecido en la Constitución de 1991 en materia de transferencias de recursos del gobierno central hacia los territorios y que César Gaviria con su ministro de Hacienda, Hommes, redujeron en casi un 50% de lo establecido en la carta.

Los mandatarios lograron su cometido principal con la aprobación de la reforma constitucional en tiempo récord que Petro fue obligado a apoyar en “encerronas” que le hicieron los mandatarios en Cartagena y Bogotá, pero como todo en este Gobierno con un gran desorden y descoordinación, pues el segundo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el jefe del DNP, Alexander López, despreciaron irresponsablemente los debates en el Congreso. Hay que reconocer que la necesaria reforma se hizo en forma apresurada, pero por fortuna se estableció que solo entraría a regir luego que se aprobara una ley de competencias que redistribuye funciones entre el centro y la periferia. Y se determinó una gradualidad de 12 años.

La preparación de la ley de competencias está a cargo de DNP y obviamente del Ministerio de Hacienda, pero su desgano sigue siendo alto con un agravante: el responsable político de la descentralización es el ministro del Interior, hoy ministro de Justicia ad-hoc para un caso especial, el comunicador social Armando Benedetti, en quien los mandatarios no confían (y no solo ellos) luego de frases como “Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca. Nos traicionó y de qué manera. Pregúntele al presidente”.

La reforma al SGP es mucho más que repartir plata. Si no se hace bien, siendo muy indispensable, el caos fiscal y administrativo será brutal sumado a la herencia que dejará Petro. Hay temas clave que complementan una verdadera descentralización: la ley de servicios públicos, la ley de contratación pública, una modernización de la tributación local y del régimen de regalías, el ordenamiento legal territorial y de los POT, la reforma administrativa nacional y regional y una regla fiscal subnacional.

Como nada de eso está en el largo, tedioso, inconsulto y mediocre anteproyecto que ha puesto a circular el Gobierno, alcaldes y gobernadores, deben atajarlo. Increíble que se quiera meter por la puerta de atrás la reforma a la salud que no ha aprobado el Congreso y gabelas para la voraz Fecode. Así, hay que ser serios y jugar limpio: la ley de competencias debe impulsarla la próxima administración que arranca una vez elegido el gobernante el último domingo de mayo de 2026, esto es, dentro de escasos 240 días que parecen una eternidad.