La UPC de salud definada por Dane
sábado, 19 de septiembre de 2026
Silverio Gómez Carmona
Los actores de la salud se hacen una pregunta y nadie da una respuesta con precisión: ¿cuánta plata le hace falta al sistema para que funcione bien? No lo sabe el gobierno, ni los empresarios, ni las EPS, ni las IPS, ni la academia ni los organismos de control.
La razón: no hay una cifra única que pueda aproximarse a lo que es el “déficit de la salud”, porque bajo ese concepto se incluyen problemas de distinto tipo que, aunque relacionados, no tienen el mismo origen ni la misma solución.
Tampoco se ha logrado porque no hay claridad sobre el principio que debe guiar al sistema: el paciente está en el centro y cualquier transformación debe garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos, referencias, historia clínica e información de la persona.
Un primer ejemplo tiene que ver con la UPC, definida con claridad como el valor anual per cápita que el sistema reconoce a las EPS por cada afiliado para financiar los servicios y las tecnologías que deben cubrirse con ese monto.
Su cálculo considera, entre otros factores, el perfil epidemiológico, la edad, el sexo, el riesgo y los costos esperados de atención de la población, médicos y medicamentos. El anuncio de un alza de 12 o 13% es importante, pero solo “patea” la discusión y la solución hacia el futuro. Es una decisión muy mediática.
Cada actor juega sus cartas: el gobierno quiere poner menos plata y las EPS y las IPS quieren más, pues alegan que no alcanza a cubrir la atención integral del afiliado. Y nunca habrá acuerdo, así haya fallos de cortes y tribunales.
Hay que inventarse una fórmula ajustable hacia arriba o hacia abajo de manera permanente, definida por alguien sin intereses en el asunto. ¿Qué tal si el Dane hace ese trabajo, así como saca el dato de inflación por estratos y regiones? No es lo mismo la UPC en Bogotá que en Barranquilla, ni la de un estrato que la de otro, ni la de un niño que la de un anciano.
El dato UPC-Dane se haría por semestres, segmentado por rangos de edad y regiones, y todos tendrían que acatarlo; además, la definición debe ser precisa sobre qué servicios cubriría. Así se pondría fin a la disputa por la insuficiencia de la unidad.
Luego vienen los llamados presupuestos máximos, un pago anticipado a las EPS para financiar y gestionar determinados servicios que no cubre la UPC. Es un instrumento de previsión financiera, agiliza trámites en bien de los pacientes y tiene como premisa la responsabilidad social de las EPS y las IPS en el manejo de los recursos. Y no hay que engañarse: no todas las aseguradoras son viables en términos de gestión, solvencia y capacidad para atender.
La caja o el patrimonio no son los únicos criterios de calificación. La recapitalización o la liquidación ordenada de algunas es la salida para los casos más críticos.
Sin ser el último, hay otro tema por revisar: la cartera reportada por las IPS no necesariamente responde a una deuda cierta y exigible en su totalidad, pues al presentarse puede incluir objeciones, montos conciliados de manera parcial o en litigio, y servicios prestados a medias o aplazados. Por ello, lo que hay que precisar es la cartera neta.
Sin perder el principio básico del modelo, hay que ser muy exigente en este punto, para lo cual la Supersalud no tiene capacidad.
Se requiere entonces un esquema de auditoría y control serio, a cargo de firmas privadas profesionales y a prueba de todo, que acompañen un sostenimiento transparente y verificable y que, de paso, le digan al gobierno cuánto, cuándo y por qué debe hacer sus aportes vía presupuesto nacional y vigencias futuras para complementar el esfuerzo financiero.
Así, la cifra que realmente se necesita no resulta de una simple suma o resta indiscriminada de los datos de cada actor, ni de la exclusión de alguno, sino de un modelo mixto que funcione bien, con reglas claras y suficientemente fuertes para todos los que administran o reciben recursos públicos.
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Ñapa. Tiene todo el sentido que un directivo de Fenalco, Juan Esteban Orrego, pase a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, estando en el gremio con mayor cobertura empresarial.