Los subsidios productivos

Quien diga que nunca ha recibido un subsidio de parte del gobierno, aquí o en cualquier parte del mundo, falta a la verdad. Muy fariseo.

La discusión política y económica sobre el tema viene desde muy atrás, comenzando por el padre de los economistas, Adam Smith, para quien el Estado solo debía intervenir de manera excepcional, bajo la premisa de que el mercado asigna los recursos eficientemente. El creador del llamado monetarismo, Milton Friedman, advierte que los subsidios directos del Estado solo generan ineficiencia y plantea un impuesto “negativo” para ayudar a los pobres. El intervencionista John Maynard Keynes sostuvo que, cuando hay recesión, los subsidios al desempleo y a grupos vulnerables permiten que la gente siga consumiendo, lo que evita que las empresas quiebren. Es decir, con los subsidios pueden ganar todos, ricos y pobres, dependiendo del momento, como lo hizo Donald Trump en pandemia: entregó a cada familia en EE.UU. un bono de US$1.000 para estimular el consumo y empujar la economía.

El debate moderno no es desconocer la necesidad de los subsidios, sino cómo deben usarse para evitar la corrupción o el manejo politiquero de entregar recursos solo para “ayudar al pueblo”. Joseph Stiglitz, economista heterodoxo, los defiende alegando que el beneficio social es mayor que el beneficio privado. Y es cierto.

Una tasa de interés real negativa en un crédito, una tarifa de un servicio por debajo de su costo de producción, una tasa preferencial de impuestos o una exención tributaria, el precio del combustible al consumidor por debajo de los costos de extracción o del precio internacional son solo ejemplos de la amplia cosecha de subsidios que otorga el Estado a distintos grupos de la población. Y como en economía no hay almuerzo gratis, ¿quién los paga? El presupuesto público, que se financia con impuestos de los contribuyentes o con deuda pública que luego hay que pagar. Muchas de estas ayudas tienen un objetivo loable: son subsidios productivos, pues buscan convertirse en una inversión que permita al beneficiario ser autosuficiente y dejar de depender del gobierno en un tiempo prudente. La educación es el mejor ejemplo.

Otra cosa muy distinta es decidir regalar recursos públicos sin contraprestación alguna o para evitar el chantaje de ilegales, cuyos ejemplos en Colombia son bien conocidos.

Una propuesta audaz e innovadora de la candidata Paloma Valencia para que el Estado pague el seguro obligatorio soat a la mayor parte de las motos usadas como medio de transporte, herramienta de trabajo o apoyo familiar se ajusta bien al concepto de subsidio productivo, pues estimula el trabajo e introduce eficiencia en la economía con una focalización precisa. Los resultados serían evidentes en salud, ya que garantizaría que las víctimas de accidentes de tránsito sean atendidas rápidamente y que el infractor no huya por no tener soat o por carecer de recursos para cubrir el tratamiento de la víctima. Además, hoy el Estado ya está pagando por eso, dada la alta informalidad.

¿Que vale plata? Sin duda, pero menos que el costo de muchas muertes en las vías. Es una solución concreta a un problema concreto de la vida diaria de miles de personas que necesitan movilizarse para trabajar. Con esta idea no se promueve mayor informalidad ni la infracción de normas: hace parte de la búsqueda del bienestar social.