¿Por qué no subir la meta de la inflación?

La racionalidad de los consumidores no se puede menospreciar. En EE.UU. se dice que los ciudadanos del común van a las urnas por su bolsillo, razón por la cual es muy alta la probabilidad de que “castiguen” a Trump perdiendo las mayorías en el Congreso en las elecciones del próximo 3 de noviembre y enterrando virtualmente una posible reelección. Si en dos semanas se da esa situación, las condiciones del manejo de gobierno serán muy difíciles para lo que le resta de mandato.

La predicción popular es contundente. Los americanos están sintiendo con fuerza inusitada el encarecimiento de su canasta familiar, comenzando por las alzas históricas de más de 60% en los precios de la gasolina y el diésel, que arrastran a los demás bienes. Para la gente, Trump es el culpable de esa escalada por haber provocado la guerra en Irán, que llevó al cierre de la llave del suministro del crudo. Por ahora, esperemos ese día para Donald Trump, quien sí está preocupado por la inflación, así sea con fines electorales: evalúa medidas como la suspensión transitoria del impuesto federal, el acceso al diésel rojo exento de gravámenes para equipos y la flexibilización de sanciones al combustible ruso. Pragmático.

El mandatario está desesperado, ofreciendo US$5.000 a sus electores si gana su partido y recorriendo ciudades y estados ufanándose con frases que generan risas y ovaciones -porque ya conocen su estilo-, como: “Es sorprendente. Puedo decir la cosa más estúpida y ustedes me aplaudirán”. Pero él sabe que a la hora de la verdad a los ciudadanos esto no les basta y, por tanto, busca bajar como sea los precios anunciando un acuerdo para la compra de diésel a Rusia, lo cual ha sorprendido a los mismos republicanos y a la UE, que, por el contrario, ha endurecido las sanciones a Putin.

En nuestro país, a la inflación no se le está dando la importancia que merece, en el entendido de que este año, a septiembre, alcanza 6,3%, 20% más de lo que registraba el año pasado, y todo indica que podría pasar de 6,5% si se tiene en cuenta que las alzas continuarán en el último tramo por factores conocidos, unos coyunturales, como el fenómeno de El Niño y la escasez de agua para generación, y otros más estructurales, ligados a seguridad, infraestructura y logística. En otros rubros hay una tendencia monopolística de tarifas en algunos servicios públicos e ineficiencia y falta de claridad en salud y educación. No se entiende por qué las carteras de salud, educación, energía, comunicaciones y el DNP no se apropian del asunto, lo que hace al ejecutivo también responsable. Descoordinación o irresponsabilidad.

El manejo monetario corresponde al Banco de la República, cuyo principal instrumento de represión es la tasa de interés, que por fortuna ha contado con la revaluación como cómplice. Pero hay que aceptar que buena parte del costo de vida no tiene que ver con factores de demanda, por lo cual no está bien que el Emisor siga subiendo el costo del dinero por un efecto extremadamente marginal y sí causando daño a un muy débil crecimiento de la economía. Por eso, el Banco debe ser realista y ajustar su meta de inflación, hoy en 3% anual, una cifra ficticia, cuando la realidad es el doble y el desfase ya va para siete años. Mantenerse ahí le hace perder credibilidad.

En lo que sí no puede caer el gobierno es en atender a rajatabla el pregón de algunos teóricos que plantean solucionar buena parte del déficit fiscal con aumentos en los precios de la gasolina y el diésel. Es increíble que en el fondo defiendan la bondad de mayores precios internacionales del crudo para que el gobierno reciba más plata, lo que es bendecir la guerra en Ucrania e Irán, cosa muy distinta a que las cotizaciones del petróleo y el gas subieran por factores ligados a esa industria o a la demanda. El pedido es menos dogma y más realismo en el uso de los instrumentos de acuerdo con la coyuntura, sin que se pierda la pureza conceptual.

En el caso de los combustibles, se necesita abrir el debate serio sobre la famosa formulita del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), montado hace 20 años y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como si Ecopetrol no fuera propiedad de todos los colombianos, y sobre la premisa de que hay subsidio cuando se produce a un costo superior al precio de venta al consumidor, y no necesariamente frente al referente internacional, muchas veces ficticio, como ahora. Ecopetrol no se levanta así, sino con más exploración y explotación... y otras cositas.