Urgencias graves que están ocultas

Nadie, sin importar el grado de ilustración que tenga, puede desconocer la magnitud y gravedad de los problemas que deja Petro, como el hueco en las finanzas públicas; el dramático estado de la salud, tanto en la prestación del servicio como en el suministro de medicamentos y la realización de procedimientos, así como su grave situación financiera; y el tan bajo crecimiento de la economía, escasamente la mitad del registrado durante los últimos cinco gobiernos.

Sin embargo, hay que ser realistas, en particular frente al fisco y la salud: la situación se arregla con plata, y esta se consigue, en particular, afuera, como lo han comenzado a gestionar el vicepresidente y el ministro de Hacienda, junto con un recorte de la grasa pública y una mayor eficiencia en el uso de los recursos que reciben las regiones, compatible con la integración de funciones. Seguro que eso también lo arreglan. En el caso de la reactivación, esta no será inmediata, sino el resultado de un manejo de la política económica que requiere tiempo. Sin embargo, hay tres problemas cuya magnitud no se dimensiona en su verdadero impacto, que no dan espera y requieren la acción inmediata del gobierno de ADLE desde el 7 de agosto.

El primero, la seguridad total, con cuya promesa fue elegido y cuyo propósito, por lo dicho, resulta claro: la pacificación del país se consigue con seguridad, contrario a la idea de que para alcanzar la seguridad hay que negociar la paz al costo que sea. Los datos sobre actos terroristas (1.600), asesinatos de soldados y policías (360), masacres (350), cultivos ilícitos (320.000 hectáreas) y niños reclutados (1.500) durante el gobierno saliente demuestran que el nuevo gobierno tiene la batuta, pues los colombianos están hastiados de la narrativa de izquierda. Aparte de eso, de por sí grave, Petro, Cepeda y su gente pueden hacer oposición y pregonar la desobediencia civil, pero no pueden eludir la responsabilidad en dos asuntos clave que merecen toda la atención.

El primero es el daño que está produciendo el aumento desaforado de los costos de producción y la disminución de los ingresos en actividades económicas específicas, en particular del sector agropecuario y de las manufacturas, especialmente de pequeñas y medianas empresas que producen y exportan. La brutal revaluación del peso (de $4.500 a $3.300, es decir, 25%), los aranceles de 10% impuestos por EE.UU., las malas relaciones que golpearon las exportaciones a Ecuador, los prediales confiscatorios y el desmedido aumento del salario mínimo están destruyendo mucho tejido empresarial.

Casos como el azúcar, el aguacate, los arándanos, los frutos frescos, las confecciones, los cueros y el calzado viven un verdadero drama. Puede que algunos sectores que usan materias primas importadas se estén beneficiando, pero otros, como los productores de arroz, están comenzando a “boquear” por la entrada del cereal de Ecuador y Perú y por el panorama que enfrentarán en 2030, cuando se liberen las importaciones de Estados Unidos acordadas en 2012 en el TLC. Por eso no resulta muy creíble, así lo quisiéramos todos, la afirmación de Ade cuando designó a su paisano Dangond en el Ministerio de Agricultura: “El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia”. Bastaría con que muchas familias campesinas colombianas pudieran seguir sobreviviendo.

El otro asunto urgente tiene que ver con el apagón del segundo semestre por el fenómeno de El Niño, que no es culpa de Petro, pero cuyas consecuencias sí serán, en muy buena parte, resultado del manejo irresponsable, incoherente y torpe de la mal concebida transición energética del gobierno que termina: parálisis en la nueva producción de petróleo, carbón y gas, necesarios para abastecer las centrales, cuyos costos, de todas formas, ya están pagando empresas y hogares a través de las tarifas. Pero ahora será responsabilidad del nuevo gobierno. Y aquí hay que volver al tema del mal manejo financiero dado a los compromisos adquiridos... Todo un desastre.