En noviembre se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Una discusión menos emocional no necesita escoger entre celebrar el acuerdo o desconocer sus fallas. Debe preguntarse qué cambió realmente en los municipios que pusieron los muertos. El acuerdo permitió el desarme de las Farc-EP, abrió espacios políticos y creó instituciones para atender a las víctimas. Son resultados que el país debe preservar. Pero la paz prometía algo más ambicioso: cerrar la brecha entre la Colombia urbana y la rural. Allí está su mayor deuda.
Durante décadas confundimos la presencia del Estado con la llegada ocasional del Ejército, un subsidio o una obra aislada. Un Estado presente garantiza seguridad, pero también propiedad formal, vías transitables, conectividad, crédito y asistencia técnica. Entregar tierra sin protegerla ni volverla productiva no transforma a una familia. Construir una carretera sin asegurar su mantenimiento tampoco cambia una región.
Los territorios más golpeados por la guerra siguen atrapados en un círculo conocido: la debilidad institucional facilita la expansión de economías ilegales; esas economías financian nuevos grupos armados que, a su vez, profundizan la ausencia del Estado. Por eso seguridad y desarrollo rural no compiten: dependen el uno del otro.
El problema tampoco puede reducirse a la falta de inversión. Con corte a febrero de 2026, la Art reportaba 7.574 proyectos Pdet por $32,22 billones constantes de 2016 en 170 municipios de 16 subregiones. La discusión ya no es solo de recursos; también es de capacidad estatal. A diez años de la firma, debemos abandonar la política de los proyectos dispersos. Colombia financia con Pdet, regalías, obras por impuestos, recursos sectoriales y cooperación internacional. Lo que falta no siempre es más dinero. Falta una arquitectura que haga que esos instrumentos trabajen sobre el mismo territorio, con metas compartidas y una secuencia coherente de resultados.
Cada municipio Pdet debería tener un balance verificable: cuánto se prometió, cuánto se contrató, cuánto se terminó y qué transformaciones produjo. No basta con contar kilómetros o cupos; debemos medir ingresos rurales, tiempos de viaje, acceso a servicios, homicidios y hectáreas que pasaron a economías legales. También debemos concentrar la inversión en corredores de desarrollo rural que conecten producción, vías, conectividad, servicios y mercado. La dispersión reparte contratos; la concentración cambia economías.
Se requieren gerencias territoriales con capacidad real de ejecución y contratos de desempeño: responsables identificables, cronogramas plurianuales y recursos protegidos de la improvisación política. La Nación debe destrabar proyectos; departamentos y municipios deben ejecutar y rendir cuentas.
La discusión sobre la paz seguirá polarizada mientras la midamos por discursos o ceremonias. Cambiará cuando un campesino pueda registrar su predio, sacar su cosecha por una vía transitable, obtener crédito y vivir sin pagar extorsión. Diez años después, la mejor manera de defender el acuerdo no consiste en idealizarlo. Y la mejor manera de corregirlo no es destruirlo, sino convertirlo en Estado. La paz dejará de ser una promesa de Bogotá cuando se vuelva desarrollo en el campo.