Síganos y léanos en Google Discover

El nuevo Presupuesto General de la Nación es una sorpresa. No tanto por su magnitud, que asciende a $634,9 billones, $59,3 billones más que el proyecto heredado de la administración anterior, sino por lo que sus cifras revelan. La distribución del gasto es reveladora: $392,6 billones para funcionamiento, $155,4 billones para pagar la deuda, y apenas $87 billones para inversión. Es decir, de cada $100 que gastará la Nación, $86 se destinarán al funcionamiento del Estado, mientras que solo $14 financiarán nuevas iniciativas.

El servicio de la deuda aumentará 54,7% frente a 2026, alcanzará un nivel sin precedentes. La inversión caerá 2,8% en términos nominales y pasará de representar 4,4% a 4,1% del PIB. En otras palabras, estamos destinando cada vez más recursos a financiar decisiones del pasado, para dejar de construir capacidades para el futuro.

Pero hay un segundo dato que llama la atención: el presupuesto dependerá casi tanto del endeudamiento como de los impuestos. Los ingresos corrientes sumarán cerca de $299 billones, mientras el crédito llegará a $238,6 billones. Es decir, por cada $100 de gasto público, alrededor de $38 se financiarán con deuda nueva. Una magnitud comparable al recaudo conjunto de renta e IVA.

El gobierno llamó esta propuesta el “Presupuesto de la Verdad”. La franqueza fiscal es bienvenida. Era indispensable reconocer las obligaciones pendientes y las presiones crecientes en pensiones, salud, subsidios de energía y combustibles. Sin embargo, exponer el problema no puede traducirse en resignación frente a él. Identificar el hueco es apenas el comienzo; ahora toca cerrarlo.

El país necesita una lógica de presupuesto base cero. Cada programa debe justificar su existencia; cada subsidio, demostrar su impacto y cada entidad, rendir cuentas por sus resultados. No basta con anunciar recortes a los contratos de prestación de servicios. Hay que revisar duplicidades institucionales, gastos administrativos, fondos con baja ejecución, transferencias mal focalizadas y excepciones tributarias que no generan beneficios.

Precisamente por ello, la inversión debe protegerse. Recortarla es fiscalmente sencillo, pero implica costos económicos importantes de largo plazo. Este tipo de gasto genera crecimiento, empleo y mayores ingresos futuros. Cuando se sacrifica para financiar el funcionamiento, el ajuste termina empobreciendo la sociedad.
Por eso, la discusión no debería reducirse a si el presupuesto es grande o pequeño. La pregunta fundamental es qué Estado estamos financiando y qué resultados está produciendo cada peso de dinero público. El mayor riesgo es que Colombia responda a esta crisis haciendo exactamente lo mismo de siempre: aumentar el gasto, contratar más deuda y aplazar las reformas estructurales.

Este presupuesto no debe aprobarse como un simple inventario de obligaciones. Debe convertirse en el punto de partida de un nuevo pacto fiscal: un Estado más austero en su administración, más riguroso en sus resultados, y más ambicioso en la inversión productiva. La verdad presupuestal ya está sobre la mesa. Ahora falta la disciplina fiscal para traducirla en decisiones. Al final, un presupuesto no solo revela cuánto quiere gastar un gobierno, sino también qué futuro está dispuesto a financiar.