En ausencia de mercados para exportar y con la demanda local en picada, el éxito fomentando la producción, solo profundiza el problema agropecuario. Los paperos sembraron en exceso el primer trimestre, al no tener cómo prever el colapso de la demanda en cuarentena. Anif estima que la caída de ingreso en los hogares desde el inicio de covid-19 es de $21,6 billones. Aunque el consumo de alimentos es inelástico, la poca plata disponible se gasta en comida. Llega un momento durante una crisis social profunda donde no solo se recompone la dieta, sino que se empieza a comer menos. Según el Dane, en Colombia ya pasamos de 88,9% a 68,1% de hogares consumiendo tres comidas diarias. Es hora de estimular la demanda.

Las políticas del sector correctamente están diseñadas a fomentar la pertinencia y volumen de la producción: El ICR mejora productividad de los sistemas productivos, el Fondo Agropecuario de Garantías amplia los beneficiarios de crédito, las Líneas Especiales de Crédito disminuyen el costo crediticio, y tanto el Fonsa como el Pran ayudan con las insolvencias. El ministerio ayuda a producir más o endeudarse más, la demanda está ausente de la discusión. En tiempos normales se considera anti-técnico, pero en las crisis fortalecer la demanda puede ser innovador.

Las respuestas a la pandemia han estado enmarcadas en garantizar el abastecimiento. El gobierno ha coordinado excepciones a las restricciones de movilidad, monitoreo y regulación de precios, suspensión temporal de aranceles, capital de trabajo, apoyo a comercialización y control de precio de insumos. Entre más éxito tengan aumentando la producción, más profunda será la crisis agropecuaria. En ciertos casos, más deuda es cavar más hondo el hueco.

La inflación de alimentos en agregado fue -0,32% para octubre, según el Dane, en productos como la papa el precio anualizado está en -27,61%, yuca -23,69%, y plátano -16,34%. Esto sin hablar de otras crisis a la vista como la lechera o la del plátano. Los derrumbes del invierno y mala condición de vías terciarias también limitan la oferta, subiendo el precio. Es el absurdo de tener que llevar la producción de Boyacá a Corabastos para que desde ahí se surta a Tunja. Las tres principales centrales de abastos distribuyen 49% de las carnes, 62% de frutas, y 48% de lácteos-huevos.

La disminución de precios que es amable para el consumidor, puede ser letal para el campesino que ni vende ni come. Una medida Keynesiana incrementando la demanda, bien sea a través de vouchers o compra directa es lo correcto. Si no hay nadie que compre, no tiene sentido producir más. EE.UU. diseñó el programa de Food Box para ayudarle a familias y agricultores necesitados. El gobierno compra alimentos directamente y los distribuye. En Colombia los bancos de alimentos optimizarían la distribución.

Por razones sociales, pero también de sostenibilidad ambiental, la Ley 2046 del 2020 ordena que el 30% de las compras públicas de alimentos sean locales. Una decisión temporal de compra de cosechas para combatir el hambre es comprensible, de esta manera, el pobre come, pero también el campesino. Actualmente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que 8,9 millones de colombianos se acuestan con hambre por falta de ingresos.