Colombia vive hoy bajo un estado de excepción silencioso. No como resultado de un golpe de Estado ni de una ruptura institucional, sino por la normalización de la emergencia económica como herramienta ordinaria de gobierno. La Constitución de 1991 concibió el estado de emergencia como un mecanismo excepcional cuando se amenazara el orden económico, social o ecológico. Sin embargo, en la práctica, lo extraordinario se ha vuelto recurrente. En 2026 ya se han decretado dos en los primeros dos meses. Cuando todo es emergencia, nada lo es.

El artículo constitucional que habilita la declaratoria del estado de emergencia existe, pero el Congreso no ha expedido una ley estatutaria que lo reglamente. En este vacío normativo, lo ha llenado la Corte Constitucional. La regulación de una herramienta tan poderosa no debería depender de sentencias judiciales; el Congreso, en la próxima legislatura, debe corregir este vacío. Colombia necesita una ley estatutaria que regule de manera precisa la declaratoria de emergencia. No se trata de restringir indebidamente al Ejecutivo en momentos de crisis real, sino de dotar su actuación de mayor transparencia, disciplina fiscal y legitimidad democrática.

Un primer elemento central debe ser el manejo presupuestal. Los recursos derivados de una emergencia deberían administrarse por fuera del presupuesto ordinario, a través de una fiducia pública especializada. Esto permitiría trazabilidad en tiempo real, auditoría independiente y control ciudadano. Cada peso gastado bajo emergencia debe tener una destinación específica, fuente definida y un monto asignado desde el inicio. Las modificaciones deberán traer el beneplácito de la Contraloría.

Segundo, la ley debería exigir que, al momento de declarar la emergencia, el Gobierno detalle con precisión el plan de gasto, incluyendo metas verificables, indicadores de resultado y cronogramas públicos. Las emergencias no pueden convertirse en cheques en blanco; deben ser instrumentos estrictamente orientados a resolver problemas concretos. El programa de inversión debe ser definido desde el inicio y, una vez ejecutado, la habilitación presupuestal extraordinaria debe cesar. No se puede crear gasto ajeno a la causa que justificó la emergencia, ni los gastos transitorios transformarse en obligaciones permanentes. Tercero, es indispensable fijar límites tributarios claros. La emergencia no puede operar como un atajo para introducir reformas fiscales. La norma debería prohibir la creación de nuevos impuestos, permitiendo únicamente sobretasas temporales sobre tributos existentes, con cláusulas de caducidad automática y control legislativo posterior. Una vez recaudado el monto requerido para atender la contingencia, la sobretasa debe extinguirse de pleno derecho. Finalmente, la proliferación de declaratorias de emergencias anuales erosiona la política fiscal. Si todo es urgente, nada es excepcional. Una reglamentación moderna debe evitar la impresión de que la figura extraordinaria se utiliza como instrumento de venganza política. Reglamentar la emergencia económica no es un debate técnico menor; es una discusión. En una democracia madura, los poderes extraordinarios deben tener reglas claras, controles estrictos y límites precisos.