Colombia es el segundo lugar más costoso en América Latina para formalizar un trabajador según el BID. No solo es el costo de 116%, sino que se requiere 30 trámites para cumplir con los requisitos de ley. Si estos fueran de evidente beneficio para el trabajador, no habría problema.

Para muchos no lo es, por eso 47% del mercado laboral es informal. Acabamos en la insólita posición que a pesar que un empleador quiera formalizar, muchos empleados prefieren ser informales. Aunque el temor a perder el régimen subsidiado está presente, no entusiasma tampoco el pago de parafiscales y contribuciones. La costumbre de cargar impuestos al trabajo debe acabar.

Para efectos de ilustración, un trabajador con contrato de prestación de servicios le retienen más de 25% de sus ingresos. Esto sin incluir pagos de pólizas y estampillas. Si se suman impuestos de renta o predial, resulta confiscatorio para un profesional responsable de IVA que al final del día le quede menos de 50% de lo facturado.

Es decir, si un trabajador tiene honorarios de $10 millones, luego de todo resulta ganando menos de $5 millones. Esto tiene un efecto cascada, donde cada vez hay que inflar más los contratos para que el neto de compensación quede igual. Está en una estructura que desincentiva el trabajo y la formalidad.

Es desproporcionado el cobro de IVA de 19% para el trabajador por contrato, más aún que al ser profesional la retefuente pasa de 4% a 11%. El IVA nació como un tributo plurifásico para el sector manufacturero. Es diseñado para cadenas de producción, donde el descuento en cada etapa, incentiva la formalización.

Con el tiempo al expandir el IVA a servicios laborales, se desnaturaliza al no existir insumos ni cadena de suministro, nada se puede descontar. Perdiéndose así el diseño del tributo, es una tarifa no razonable.

La flexibilidad del contrato de trabajo por prestación de servicios la ha vuelto popular con 3,5 millones laborando bajo esta modalidad. No es sólo el empleador, cada vez más los trabajadores millenials, exigen mayor movilidad laboral.

Aunque se ha vuelto práctica común disfrazar nóminas de funcionamiento en proyectos de inversión o convenios, usando esta figura contractual. Según Colombia Compra Eficiente, en el Estado hay 250.000 contratistas por prestación de servicios, 70% en el orden territorial.

A pesar de que en muchos casos es una flagrante violación del derecho laboral, la congelación de nóminas y restricción fiscal, hace difícil rectificar esto. No es justa la inestabilidad que resulta de contratos a diez meses para hacerle esguince a la ley. Tan preponderante es esta realidad que el nuevo Código Disciplinario que regirá desde Julio de 2021 regula a los contratistas que cumplen funciones misionales de las entidades públicas.

La reforma tributaria de 2013 sustituyó 13,5% impuestos a la nómina por una sobretasa de renta. Cambiar la fuente ha significado un incremento en la formalidad de 8,5% al final de 2019. El IVA del trabajador por contrato se desvió de su propósito.

Un ajuste formalizaría y aumentaría el número de contribuyentes. No solo fomenta la informalidad, sino que simplemente no es justo. Trabajadores con la misma facturación deberían aportar el mismo tributo. Eso es equidad.