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Mirar más allá: donde hay personas, hay posibilidades

Soraya Montoya

Hay momentos en la vida de un país en los que debemos preguntarnos quiénes somos y, sobre todo, quiénes queremos ser. Colombia está en ese punto. Mientras hablamos de innovación, competitividad y crecimiento, seguimos ignorando el talento de millones de personas. No porque no exista, sino porque no hemos aprendido a reconocerlo.

La inclusión de las personas con discapacidad no es una agenda de minorías: es una oportunidad para ser mejores como sociedad. Somos más de 50 millones de habitantes, y más de tres millones son personas con discapacidad. Aun así, apenas dos de cada diez participan en el mercado laboral y solo el 19% de quienes buscan empleo lo consiguen. Siete de cada diez trabajan en la informalidad. Cada cifra representa a alguien con capacidades, con sueños y con ganas de aportar. Y como país estamos desperdiciando ese talento.

Por eso, la Ley 2466 de 2025 -la Ley de Cuotas- es mucho más que una obligación legal: es una invitación a cambiar nuestra mirada. Desde junio de 2026, las medianas y grandes empresas deberán contratar un porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad. El mensaje es claro: la inclusión no es un favor; es justicia, es inteligencia, es futuro.

Pero una ley, por sí sola, no transforma la realidad. La inclusión laboral solo funciona cuando todos nos involucramos. El Estado debe garantizar certificación, accesibilidad e incentivos. Las empresas deben abrir oportunidades reales, adaptar espacios y diseñar rutas de crecimiento. La sociedad debe derribar estigmas y aprender a valorar la diversidad. Y las personas con discapacidad deben contar con los apoyos que fortalezcan sus habilidades y les permitan participar activamente.

No se trata de exigir más a unos que a otros, sino de entender que cuando construimos juntos, todos ganamos. Cuando el talento adecuado encuentra el entorno adecuado, crecemos como país.

Hay avances importantes. Más de 586.000 personas cuentan hoy con el Certificado de Discapacidad, una herramienta que reconoce oficialmente la discapacidad, identifica apoyos y barreras, y ofrece información precisa para que las empresas realicen ajustes razonables. También permite al Estado diseñar políticas basadas en datos, no en suposiciones. Estamos empezando a actuar con evidencia y no solo con buenas intenciones.

La experiencia internacional lo confirma. Más de 100 países aplican leyes de cuotas. Y el Banco Mundial estima que eliminar barreras para la participación laboral de las personas con discapacidad podría contribuir al PIB entre un 3% y un 7%. Incluir no solo es justo: es rentable. La diversidad fortalece la innovación, mejora las decisiones y enriquece la cultura organizacional.

Colombia tiene una oportunidad histórica: convertir la inclusión en motor de desarrollo. La transformación no llegará solo por cumplir porcentajes, sino cuando creemos ambientes accesibles, ofrezcamos empleos de calidad, acompañemos trayectorias profesionales y midamos impactos reales. Se trata de construir proyectos de vida dignos y estables.

Incluir no es una carga ni un gesto simbólico. Es una apuesta por el país que queremos: uno donde nadie quede atrás, donde cada talento cuente y donde la diversidad sea motor de prosperidad. Cuando incluimos, transformamos vidas y multiplicamos las posibilidades de toda una nación.

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