En el arranque de la campaña presidencial que terminó hace unas semanas, escribí en este espacio acerca de la importancia de diferenciar entre la izquierda y la derecha, porque a pesar de lo que algunos políticos proclaman, se trata de enfoques diferentes para lograr los objetivos que se plantean las sociedades. Si uno toma la pobreza, uno de esos objetivos que comparten las dos orillas políticas, se puede ver el contraste que separa una visión de la otra. Mientras que para la izquierda el Estado debe ejercer el rol preponderante a través de transferencias para los segmentos vulnerables, bajo el enfoque de la derecha lo fundamental es facilitar la iniciativa privada para generar empleo y así disminuir la pobreza.

Pasa lo mismo con la salud. Ambos enfoques buscan mejorar el acceso y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, pero privilegian caminos diferentes. Mientras que para la derecha la participación de los privados asegura la más eficiente distribución de los recursos, para la izquierda es la participación dominante del Estado la que asegura el mejor resultado. Es una sobre simplificación, pero suficiente para ilustrar que, aunque son dos visiones opuestas, su diferencia no radica en la idea del Estado, sino en el papel que cumple.

Ninguna de las dos se cuestiona si se debe enfrentar la pobreza o si es mejor dejarle la responsabilidad de su salud a cada ciudadano. Lo distinto no es el valor ni la forma del Estado, sino la manera en la que se usan las herramientas de que dispone para resolver problemas.

Por eso sorprenden algunas declaraciones de miembros del recién posesionado congreso y de la administración entrante, en la que ponen en cuestión, la base misma del Estado. Desde sus inicios, antes de que entre sus preocupaciones estuviera velar por la salud, el bienestar social o la cultura, la idea de Estado surgió de la necesidad de organizar y generar mayor certidumbre frente a las relaciones de poder entre los miembros de una sociedad. El Leviatán de Hobbes es básicamente esa autoridad que surge del poder que todos los ciudadanos voluntariamente cedemos al Estado, para que nos provea, entre otras, seguridad.

Hasta ahí va la teoría. En la práctica, el desprecio de esta sociedad por la autoridad y las figuras que la ejercen es preocupante y por lo que se ve venir, puede empeorar. Las propuestas que todavía no aterrizan sobre el perdón de bandas criminales o proponer el diálogo como respuesta a la invasión de propiedad privada van en contra del ejercicio de la autoridad del Estado.

En vez de ser consecuentes con un esfuerzo por fortalecer el Estado y su autoridad legítima, acciones como esta vuelven al error que se ha repetido durante tantos años, en los que se debilita al Estado para conseguir resultados de corto plazo. Ni a la izquierda ni a la derecha les conviene que se debilite la autoridad del Estado colombiano, porque el cumplimiento de la ley es igual de importante para los dos. Es parte fundamental de un Estado funcional, ese que aquí seguimos intentando construir. No podemos caer en narrativas facilistas como las que se han extendido en las que se hace ver a la izquierda como la línea ideológica más dialogante y a la derecha como la ideología autoritaria. No es sino echar una mirada por el vecindario para ver que los abusos de autoridad pasan por igual en los dos lados. En vez de disminuir la autoridad del Estado, debemos trabajar para hacerla más fuerte y más legitima. No podemos seguir confundiendo la autoridad con el autoritarismo ni los enfoques de izquierda y derecha con debilitar al Estado.