Hace unos meses, mientras terminaba de hacer las vueltas para regresarme a vivir a Colombia, tuve la necesidad de vender un carro que habíamos comprado en el Reino Unido. Preparado para la innumerable lista de tramites que suponía tendría que hacer para proceder con la venta, quedé impactado con lo fácil que fue el proceso. No creo que me haya demorado más de dos horas en total y la verdad nunca tuve que salir de mi casa.
Hay varias páginas de internet en las que uno ingresa los datos del vehículo, responde unas preguntas y recibe una propuesta inicial. Si el vendedor está interesado, lo que sigue es tomarle fotos al carro y mandarlas por correo para que los potenciales compradores vean su estado. Lo que sigue es hacer una cita para que el comprador dé una revisada final al carro y se lo lleve. De los procesos más simples que me han tocado.
Esto contrasta con el mismo proceso en Colombia, en el que se requieren pagos, huellas, firmas y largas filas. Es tan dispendioso el proceso, que existen tramitadores especializados para que hagan lo que los contratan debían hacer. Y ese no es el único tramite dispendioso. Abrir y cerrar una empresa en Colombia es más complicado de lo que debería.
Según el Doing Business 2020 del Banco Mundial, abrir un negocio en Colombia requiere de 7 procedimientos que toman 10 días. En los países en los que el proceso es más ágil, todo el procedimiento tarda medio día. Igual pasa con los impuestos. Mientras que en Colombia una empresa promedio necesita 33 días laborables al año (jornada de 8 horas) para atender estos temas, en los países con sistemas tributarios más eficientes únicamente se requieren 6 días laborables.
Es tal la proliferación de leyes, normas y regulaciones inútiles, que se ha vuelto común en las últimas administraciones la creación de programas para eliminarlas. Desde el inicio de este gobierno, el programa Estado Simple, Colombia Ágil ha realizado más de 4 mil intervenciones para acabar con tramites, barreras y normas que le hacen la vida más difícil a los colombianos sin un beneficio palpable. El problema es que mientras no se tomen decisiones de fondo al respecto, esto se convierte en un juego de gato y ratón, en el que se inventan normas inútiles un día para que al siguiente se eliminen.
¿Qué nos llevó a esta situación?
Yo tengo una teoría. Frente a la debilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas, los funcionarios responsables de la formulación de esas normas, ya sean del gobierno central, el congreso, los departamentos, o cualquier otro, sienten la responsabilidad de hacer las cosas más complejas.
Para estas personas, entre más difícil se hagan los procedimientos, se crean mayores obstáculos para aquellos delincuentes (de cualquier color de cuello) y criminales que quieren abusar. De aquí que la responsabilidad se transfiere de las autoridades que deberían estar encargadas de hacer cumplir las normas y evitar los abusos, a los ciudadanos que necesitan hacer uso de las mismas.
Desafortunadamente, los incentivos en este caso están mal formulados. El que quiere abusar de una norma o cometer una falta tiene un incentivo para hacerlo no porque la comisión del acto sea fácil o difícil sino por la certeza de que, si lo hace, no será castigado. El problema es que, bajo esa línea de pensamiento, no se desincentivan los abusos, pero si se dificulta la vida para los ciudadanos de a pie.
Por eso, uno de los temas que tenemos que erradicar de la cultura detrás de lo público, es aquella de que haciendo más difíciles las cosas, poniendo más trabas, pidiendo más firmas, vamos a lograr una mayor adherencia a la legalidad. Todo lo contrario.