Uno de los casos que para mí mejor retrata la triste realidad de la justicia en Colombia es el del joven Luis Andrés Colmenares. Me enteré de los hechos hace cerca de 10 años mientras seguía uno de los programas radiales de la mañana y como vivía fuera del país, seguir la historia era parte de mantenerme cercano a lo que aquí pasaba. Con el mayor respeto por el dolor que este hecho trajo a su familia, los colombianos presenciamos la transformación de la muerte de un ciudadano, en un espectáculo vergonzoso.

No fue sólo el sensacionalismo con el que los medios de comunicación trataron el caso, al que ya estamos tan acostumbrados; fue la evidente debilidad de una justicia que por ningún lado daba respuestas creíbles. Fiscales y exfiscales, testigos y falsos testigos, tramas sórdidas y peritos, evidencias y contraevidencias, enredaban lo que en principio fue una situación desafortunada. Y aunque pensaba que después de los largos años de espectáculo el caso ya se había cerrado, hace pocas semanas volvió a surgir en las noticias por la absolución de las dos últimas implicadas, que dictaminó un tribunal de Bogotá, casi 10 años después.

Si esto es lo que pasa con unos universitarios que salen de fiesta, qué nos espera a los colombianos cuando los involucrados son delincuentes profesionales, con capacidad de intimidar a los jueces, de obstruir, tergiversar y obstaculizar la justicia.

El caso es lo de menos. Todos los días se conocen situaciones en las que se evidencia la ineficiencia de la justicia. Hace algo más de un mes, la aprobación por parte de la Corte Suprema de la extradición de alias “Jesus Santrich”, dos años después de su fuga. Hoy, es la posibilidad de que se archiven miles de procesos disciplinarios que se le siguen a funcionarios de elección popular. Y esos son los casos publicitados.

Sin justicia no sólo se ven afectadas las personas directamente involucradas en los hechos, sino que tal vez más importante, se desmorona la confianza entre el ciudadano, el Estado y la sociedad en su conjunto. Sin justicia siempre existirá la desconfianza frente al empresario, al funcionario público, o al político, porque cualquiera está en capacidad de doblegar la ley en su beneficio sin tener un castigo.

Colombia es una democracia porque, además de elecciones, tenemos tres poderes independientes que se hacen contrapeso entre sí. Mientras que al Presidente o a los congresistas se le puede elegir cada cuatro años, haciéndolos responsables ante sus electores, los operadores de la rama judicial no rinden cuentas ante nadie. Si bien esto tiene una razón de ser, pues parte de su independencia reside en la autonomía que les es otorgada, llevada al extremo tiene consecuencias negativas. De aquí que cualquier reforma a la justicia debe incluir un régimen disciplinario estricto y creíble, que haga responsables a jueces y fiscales de las decisiones que toman.

Hace algunos años David Pimentel, profesor de Derecho con experiencia en reformas a la justicia en post conflicto, diseñó una gráfica que definía cuatro categorías en las que caben los jueces de acuerdo con su postura frente a la integridad y el valor. La categoría más deseable, la de los “héroes”, recoge a aquellos que tienen valor para enfrentar decisiones impopulares e integridad para aplicar la ley. En la categoría opuesta, los “monstruos”, están aquellos que les falta integridad, pero tienen valor para buscar sus propios intereses. Si seguimos como vamos, los “monstruos” nos van a terminar consumiendo.