El sector artístico y cultural sigue obligado a justificar su existencia. La herramienta que los Estados encontraron fue la noción de “industrias culturales”, que algunos repiten con devoción de dogma en pasillos ministeriales y que instaló la costumbre de medirlo todo. Bajo esa lógica, los derechos culturales, las identidades, el patrimonio y la diversidad se reducen a variables para dinamizar el mercado. No preocupa el sistema mitológico de relaciones que la cultura sostiene, sino los réditos que produce.

Juguemos, entonces, el juego de medirlo todo para defender la cultura de los presagios que dicta la agenda del próximo gobierno. Las cifras desmienten a quienes proponen fusionar ministerios, reducir la institucionalidad del sector o repetir, una y otra vez, que la inversión cultural es un gasto. En Colombia, las actividades artísticas y creativas aportan cerca de 3,3% del PIB y generan más de 1,1 millones de empleos directos e indirectos. Su financiación tiene un efecto multiplicador: dinamiza cadenas productivas como el turismo, la gastronomía, la hotelería, el transporte y las ferias, y amplifica varias veces el impacto inicial de los recursos públicos.

Los resultados recientes demuestran un crecimiento significativo de la economía cultural. Durante el gobierno Petro se aprobó un cupo fiscal de $1,4 billones para CoCrea, 60% más que en el gobierno anterior, que movilizó más de $1,22 billones en inversión privada, más de diez veces lo logrado previamente. Los beneficios ahora se distribuyen en 21 departamentos, en regiones como el Caribe, la Amazonía y el Pacífico.

Por si fuera poco, el recaudo de la contribución parafiscal cultural ha aumentado gracias al crecimiento de los espectáculos públicos en Colombia. En 2025, este segmento de las actividades artísticas representó 0,4% del PIB nacional y, junto con las economías creativas, creció 9,9% anual, lo que lo posiciona entre los sectores más dinámicos de la economía. El sector cinematográfico sigue la misma tendencia, con una inversión del Gobierno, a través de certificados tributarios, que supera $150.000 millones anuales.

El programa cultural del Gobierno se centró en garantizar el derecho a la educación artística y cultural, visto por algunos como un exceso. Sorprende que aún no sea claro para cualquier modelo de gobierno que una de las mayores inversiones sociales está en ofrecer educación integral. Además, genera empleo formal para más de 10.000 artistas y gestores, de los cuales 79% obtiene más de 51% de sus ingresos de esta iniciativa “poco rentable”. También habría que incluir el programa de rutas de turismo biocultural, que reúne más de 250 experiencias de economía popular y ha revitalizado la economía de las familias en casi 200 municipios donde se implementa.

Todo esto demuestra que una política pública orientada a la financiación mixta, la descentralización, la protección de la creación y el fortalecimiento de los derechos culturales también produce crecimiento económico. Así lo refleja la cuenta satélite de economía cultural del Dane: el valor agregado bruto del sector creció de $37,2 billones en 2022 a $44,3 billones en 2024 y representó 2,9% del valor agregado nacional.
Estos logros merecen celebrarse. Lo que no puede ocurrir es que el sector cultural termine reducido a una ecuación contable y que su relevancia dependa exclusivamente de los números que produce. El verdadero valor de la cultura reside precisamente donde la lógica de la eficiencia industrial se detiene. Ningún gobierno que reduzca la cultura a un sector económico comprenderá jamás que, antes de producir riqueza, la cultura produce sociedad.