El microcrédito en Colombia: una década de avance institucional

La cartera de microcrédito ha alcanzado durante la última década una relevancia indiscutible en el panorama del crédito intermediado. Lo anterior, gracias a la consistencia de las políticas públicas que han alineado de manera correcta los incentivos, facilitando la participación privada en esta actividad.

Tanto la Ley 590 de 2000 como los Planes de Desarrollo subsiguientes favorecen el  dinamismo de este tipo de crédito y la participación activa de distintas entidades. 
No solo se trata de establecimientos de crédito sino también de entidades cooperativas, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, que han optado por participar en dicho mercado ya sea mediante su completa especialización en actividades microfinancieras o incluyendo el microcrédito dentro de la gama de productos que ofrecen.

A lo anterior se unen los esfuerzos adelantados mediante programas públicos de nivel nacional o local como la Banca de las Oportunidades y Banca Capital, que promueven el fortalecimiento institucional para el desarrollo de las microfinanzas y la colocación de crédito y de otro tipo de productos y servicios.

De acuerdo con la información recaudada por Asomicrofinanzas, al cierre de diciembre de 2011, 93 entidades reportaron un saldo total de cartera de microcrédito de $7.63 billones, con un crecimiento anual del 24.1%.  Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aportan el 78% de ese valor ($5.95 billones) y su saldo presentó un crecimiento anual del 38%.

Ese dinamismo se debe tanto al crecimiento orgánico en entidades ya establecidas, como a la conversión, en el transcurso de los últimos años, de ONGs microfinancieras en establecimientos bancarios. Especial relevancia tiene frente al comportamiento de esta categoría, la cartera colocada por intermedio del Banco Agrario que  se destina principalmente a actividades de carácter agrícola.

El crecimiento reciente también ha estado influenciado por la corrección en la tasa de interés de referencia para este producto, ya que a partir de octubre de 2010 se eliminó una disposición que la había mantenido constante desde abril de 2007. Este ajuste a condiciones de mercado ha dinamizado las colocaciones y ha permitido que entren al mercado formal nuevos usuarios de crédito.

Si bien el saldo de la cartera de microcrédito frente a la cartera total (que incluye además las modalidades comercial, de consumo y de vivienda) representó al cierre de 2011 el 2,7% de la cartera colocada por las entidades vigiladas por la SFC y el 3,4%  si se incluyen las demás entidades formales en este mercado, no sucede lo mismos si se considera el número de créditos atendidos.

En efecto, dado que se trata de una actividad que se caracteriza por créditos de bajo  monto no puede perderse de vista que la participación del microcrédito con respecto al número de deudores es significativa: a diciembre de 2011 se registraron 1.327.985 deudores, lo que representa el 16.67% del total. Según la información reportada a la SFC, en promedio desde abril de 2008, el 83% de los recursos y el 97% de las operaciones desembolsadas en la categoría de microcrédito corresponden a créditos de menos de 25 SMLMV.

Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, el microcrédito es la puerta de entrada de las empresas unipersonales, familiares y de pequeña escala, al mercado crediticio formal. En los casos de aquellas entidades que aplican para la gestión de esta cartera tecnologías microcrediticias, se busca generar una relación de largo plazo para que, más allá de conseguir un crédito puntual para el apoyo de sus actividades,  los deudores adquieran una cultura financiera, se acostumbren a los hábitos de pago del sector, aprendan a ajustar su demanda de crédito de acuerdo con sus capacidades,  y construyan un historial de crédito; y así favorecer su permanencia en el sistema financiero formal.

Por lo tanto, la profundización de este mercado debe ser con desarrollos institucionales y procesos cuidadosos que garanticen, no sólo el acceso temporal de los deudores al sistema financiero formal, sino su estancia y crecimiento en el mismo, evitando las consecuencias funestas del endeudamiento excesivo.