Consumo de vivienda: de propietarios a arrendatarios

Durante décadas, hablar de vivienda en Colombia estuvo estrechamente ligado al sueño de ser propietario. Tener casa propia sigue siendo una aspiración legítima para millones de familias y el país debe continuar generando condiciones para alcanzarla. Pero la realidad está cambiando: Colombia es cada vez más un país de arrendatarios.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del Dane muestra que 40,8% de los hogares vive en arriendo o subarriendo, frente a 38,1% que habita una vivienda propia. El arriendo es hoy la principal forma de tenencia en el país, y esta transformación obliga a ampliar la conversación.

No es hablar únicamente del incremento anual de los cánones, sino de una realidad que incide en el presupuesto familiar, la movilidad residencial, la inversión, el desarrollo urbano y la política habitacional.

El crecimiento del arriendo tiene múltiples causas. El acceso al crédito, los ingresos, el ahorro y los precios de los inmuebles influyen en la decisión de comprar, pero también están cambiando los hogares y la manera de habitar las ciudades. Hoy tenemos hogares más pequeños: 2,82 personas por hogar y 46,1% de los hogares conformados por una o dos personas, según el Dane.

El arriendo, además, tiene un peso económico que merece mayor atención. Se estima que los cánones superan los $60 billones al año y representan un gasto recurrente para millones de hogares. Al mismo tiempo, detrás de cada inmueble, existe un propietario que asume gastos de administración, mantenimiento, impuestos, seguros y riesgos asociados a su patrimonio.

Por eso, un mercado sostenible debe reconocer las necesidades de ambas partes. La respuesta no puede ser escoger entre comprar y arrendar. Quien quiera adquirir un inmueble debe encontrar condiciones para hacerlo y quien viva en arriendo debe tener acceso a una oferta suficiente, formal, segura y adecuada a sus necesidades.

Para lograrlo, es necesario ampliar la oferta, movilizar inversión, fortalecer mecanismos de aseguramiento, reducir riesgos, agilizar la resolución de controversias y fortalecer la seguridad jurídica. También necesitamos más información sobre oferta, demanda, precios y vacancias que permita tomar mejores decisiones desde el sector público y privado.

En ese sentido, el incremento del mercado se enfrenta a un desafío estructural: la profesionalización de la actividad inmobiliaria. Colombia está avanzando en una discusión importante alrededor de la organización de esta acción. Actualmente cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 242 de 2025, “por medio del cual se crea la regulación del corredor inmobiliario”, que ya fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

Además, la tecnología también se perfila como una aliada para agilizar contratos, pagos y procesos comerciales. Sin embargo, cuando están en juego el patrimonio de una familia y el lugar donde otra va a vivir, su uso no sustituye la responsabilidad, el conocimiento ni la confianza.

Arrendar puede ofrecer movilidad y flexibilidad; comprar puede representar una oportunidad para construir patrimonio; y la vivienda usada puede responder a necesidades de ubicación, precio o características. Lo importante es que existan opciones y que funcionen.

Así, el verdadero desafío no es que Colombia tenga más arrendatarios. Es lograr que ese crecimiento esté acompañado de un mercado más formal, profesional y transparente, capaz de generar confianza y de responder a las nuevas formas de habitar el país. Profesionalizar la actividad no significa cerrar el mercado, sino elevar sus estándares para fortalecer la confianza de propietarios, arrendatarios y actores claves.