El peso oculto de los gastos digitales en las finanzas del hogar
viernes, 5 de septiembre de 2025
Julio Enrique Duarte
En Colombia, el salario ya no se destina solo a mercado, vivienda o servicios. Hoy existe un rubro que compite de frente con los gastos tradicionales: las suscripciones de streaming, los planes de datos móviles, las membresías de domicilios y los viajes por aplicación. Esta canasta básica digital no aparece en los indicadores oficiales, pero pesa cada vez más en la economía de los hogares.
Las cifras lo confirman. Según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2024 el 65,6 % de los hogares tenía acceso a internet. En cabeceras urbanas la cobertura llegó al 72,5 %, mientras que en zonas rurales apenas alcanzó el 41,9 %. Bogotá lidera con 82,7 % de familias conectadas, seguida de Meta y Tolima, con más del 76 %. En contraste, Vichada (15,4 %), Vaupés (26,5 %) y Chocó (28,7 %) muestran la otra cara de la brecha. Estar conectado hoy define la posibilidad de estudiar, trabajar y hasta acceder a un crédito.
Ese acceso, sin embargo, viene acompañado de un gasto creciente que ya es estructural. En el primer trimestre de 2025, las ventas online alcanzaron 27,3 billones de pesos, con un crecimiento interanual del 16,4 % y un ticket promedio de 207.000 pesos, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. En el segundo trimestre sumaron 26,9 billones, con 140,6 millones de transacciones y un ticket de 191.850 pesos. El tercer trimestre rompió récord con 27,5 billones de pesos, un salto del 35,3 % anual y un ticket de 207.809 pesos. Estos números evidencian que el consumo digital ya no es ocasional: es un hábito masivo que estructura el gasto de los hogares.
Ese hábito golpea con fuerza el bolsillo. Una familia de clase media puede destinar entre 80.000 y 150.000 pesos mensuales a servicios digitales, lo que suma más de 1,5 millones al año. Parte del ingreso que antes se destinaba al mercado o a servicios públicos ahora se va en cuotas digitales automáticas. La economía de bolsillo se reorganiza: la factura de Netflix, Spotify o Rappi compite con la canasta alimentaria.
El consumo digital dejó de ser un gasto esporádico para convertirse en un sistema de pagos mensuales que reconfigura la economía del hogar. Sin una gestión consciente, estas cuotas automáticas transforman la manera de planificar el presupuesto familiar.
A ello se suma la carga tributaria. Desde 2020, los servicios digitales extranjeros pagan IVA del 19 %, lo que eleva el costo de cada suscripción. Ese impuesto, aunque fiscalmente necesario, se traduce en un sobrecosto que reduce la capacidad de ahorro y aumenta la percepción de que el dinero alcanza menos. En la práctica, la digitalización se convirtió en un gasto fijo que erosiona la estabilidad financiera de las personas.
Frente a esto, la política económica debe actuar. Primero, incorporar el gasto digital en el IPC, para reflejar su verdadero impacto en el costo de vida. Segundo, garantizar competencia efectiva en conectividad, de modo que la reducción en el precio por giga beneficie al consumidor y no se diluya en nuevos cobros. Y tercero, replantear la tributación digital con neutralidad, evitando que los impuestos terminen castigando el acceso.
Ignorar esta realidad es desconocer el epicentro del bienestar financiero. La canasta digital no aparece en el carrito del supermercado, pero sí en el extracto bancario. Lo más preocupante es que, mientras en las ciudades este gasto se multiplica, en las zonas rurales millones siguen desconectados, ampliando las brechas en educación, empleo y productividad.