Economía

8.600 nuevos medicamentos a control directo de precios

LR

El Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Medicos (CNPMDM) estableció precios máximos de venta a 163 principios activos, que contemplan cerca de 8.600 medicamentos, al incorporarlos al régimen de control directo con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad en Salud. Esta decisión cobija a los medicamentos que se comercializan en el canal institucional. Esta medida se suma a las ya adoptadas por la Comisión en el 2011 y principios del 2012 con la cual quedan 8705 medicamentos en control directo. Algunos de estos medicamentos son utilizados en enfermedades como cáncer, hipertensión, insuficiencia cardíaca, epilepsia, depresión, acidez, alzhéimer, artritis, entre otras. La decisión fue adoptada tras la reciente suspensión provisional por parte del Consejo de Estado de las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social que establecían límites a los recobros. El Gobierno había expedido las medidas de control cuando el monto alcanzado por los recobros fue de $2.4 billones de pesos en el 2010, momento en el que no eran regulados y habían crecido a tasas del orden del 66% anual, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.Estas resoluciones lograron detener el crecimiento de los recobros durante 2011 y 2012 y permitieron un ahorro cercano al 15% respecto al máximo observado en 2010 en los medicamentos objeto del control.Las circulares de la Comisión están en línea con el documento Conpes sobre Política Farmacéutica y con las declaraciones del Presidente de la República sobre los altos costos de algunos medicamentos que se comercializan en Colombia. Igualmente la Comisión aprobó la circular 02 de 2012 la cual establece que el publico podrá conocer la información correspondiente a precios mínimos y máximos reportados en cada eslabón de la cadena de comercialización. Esta determinación se da con el objetivo de dar cumplimiento al principio de transparencia que enmarca la política regulatoria del Gobierno.