Alianza In alertó sobre proyecto de ley que declararía ilegal el servicio de transporte particular

Alianza In Colombia alertó sobre un nuevo proyecto de ley radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, con el que el Gobierno declararía ilegales los servicios de movilidad con vehículo particular. El gremio aseguró que esta propuesta significaría el fin de estas plataformas y del derecho de millones de usuarios a movilizarse a través de estos servicios.

El proyecto, según explicó Alianza In, "representa uno de los retrocesos más graves que haya enfrentado el país en materia de innovación y movilidad, y una amenaza directa para el ecosistema digital y para las cientos de miles de familias que generan ingresos a través de plataformas de movilidad".

El gremio detalló que la iniciativa del Ejecutivo convierte los servicios de movilidad con vehículo particular en actividades abiertamente ilegales y habilita a las autoridades para ordenar la suspensión inmediata de operaciones, incluso sin que exista una decisión administrativa o judicial de fondo.

Sumado a esto, con la propuesta, las autoridades de tránsito podrían inmovilizar vehículos que presten este servicio hasta por 120 días y aplicar multas 'desproporcionadas', entre las que se encontrarían sanciones de $4,7 millones por cada viaje, las cuales reposarían sobre usuarios y plataformas; y de $2.179 millones cuando la ley no determine una sanción específica.

"El proyecto, incluso, califica esta actividad como un riesgo para el orden público, ordena a la Policía priorizar la persecución, traslada responsabilidades sancionatorias a las propiedades horizontales que permitan o faciliten la oferta, el estacionamiento o la prestación de los servicios, con multas de hasta $726 millones", agregó.

Alianza In también señaló que el proyecto prohibiría a congresistas y autoridades de movilidad a pronunciarse en favor de estas actividades económicas. "En conjunto, estas disposiciones hacen inviable la prestación y el uso del servicio, y afectan directamente a conductores, propietarios de vehículos y usuarios", precisó.

Dentro de las consecuencias que traería su aprobación, el gremio indicó que significaría el fin de las plataformas de transporte particular y del trabajo generado por cada una de estas compañías, "acabando en la práctica con el derecho de millones de usuarios a movilizarse a través de estos servicios y con la libertad de todos los ciudadanos de escoger en qué y cómo movilizarse".

"Aunque se presenta como un fortalecimiento de la supervisión, el proyecto impone un régimen sancionatorio de carácter punitivo y prohibitivo que lleva a que los servicios de movilidad con vehículos particulares pasen de la indefinición regulatoria a la ilegalidad explícita", advirtió.

Por otra parte, especificó que el alcance sancionatorio no recaería únicamente sobre quienes presten el servicio, sino también sobre los propietarios de vehículos o administradores de propiedad horizontal, lo que convierte "a ciudadanos y terceros en agentes de control bajo amenaza de sanción". La propuesta elevaría el régimen sancionatorio y las multas rondarían entre $10 millones y $726 millones para estas personas.

Entre otras cosas, el proyecto también ordenaría a los alcaldes a desactivar físicamente puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, lo cual "genera un veto de facto, al incentivar a administradores privados a restringir el acceso de vehículos de plataformas para evitar sanciones".

José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, aseguró que "este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan. Se trata de un esquema de persecución contra conductores, usuarios y empresas, justo cuando el mundo avanza hacia regulaciones inteligentes y modernas".

El gremio recalcó que la propuesta afectaría a más de 1,2 millones de conductores que tienen cuentas en estas plataformas y a más de 21,5 millones de usuarios que las utilizan.

“Cuando se inmoviliza un vehículo por semanas o meses, no se aplica una sanción administrativa: se destruye el ingreso de una familia. Y cuando se imponen multas millonarias por cada viaje o se trasladan responsabilidades a ciudadanos y terceros, no se fortalece la supervisión: se construye un modelo de castigo que hace inviable la movilidad digital en el país", añadió López.