Andeg calificó de “irresponsable e ilegal” el anuncio del presidente de liquidar Air-e
sábado, 13 de junio de 2026
Alejandro Castañeda advirtió que la medida podría poner en riesgo la prestación del servicio para 1,3 millones de hogares en Atlántico, Magdalena y La Guajira
Horas después de que el presidente Gustavo Petro anunciara su intención de liquidar Air-e para integrar sus activos a una empresa pública regional, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, rechazó la propuesta y la calificó como una decisión “irresponsable e ilegal”.
Según el dirigente gremial, una eventual liquidación implicaría que la compañía deje de operar de manera inmediata, lo que impediría continuar con actividades esenciales como la compra y venta de energía, la facturación y la prestación del servicio. Castañeda aseguró que, en ese escenario, los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira podrían enfrentar graves afectaciones en el suministro eléctrico.
El presidente de Andeg también cuestionó que el Gobierno no haya presentado un operador alternativo para asumir la prestación del servicio. A su juicio, las empresas públicas del sector no cuentan con la capacidad financiera ni operativa para hacerse cargo de una compañía que atiende a cerca de 1,3 millones de hogares y que, según afirmó, registra pérdidas mensuales de entre $150.000 millones y $200.000 millones.
Castañeda sostuvo además que la liquidación enviaría una señal negativa a los acreedores de Air-e. Recordó que, tras la intervención de la compañía en septiembre de 2024, los generadores continuaron suministrando energía pese a los retrasos en los pagos. Según sus cálculos, la deuda acumulada de la empresa con el sector eléctrico asciende a $2,5 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a generadores térmicos.
Para el dirigente gremial, la alternativa más viable es mantener la intervención y destinar recursos que permitan normalizar la situación financiera de la empresa. Advirtió que una liquidación podría agravar los problemas del sector eléctrico y aumentar el riesgo de un racionamiento financiero o de dificultades en la prestación del servicio en momentos en que el país se prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.