Anif propone que reforma al SGP entregue como máximo 35% de ingresos corrientes

Anif se sumó a las voces que alertan por la reforma al Sistema General de Participaciones, y los impactos que tendrían en las finanzas públicas, asegurando que si bien es necesario avanzar en la descentralización, la propuesta que ya cursa el sexto debate en Senado compromete la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico.

A través de una carta el centro de estudios económicos explicó que aunque es loable la idea de profundizar en la descentralización, y respaldan la idea de entregarle más competencias a municipios y departamentos, la asignación financiera pone en riesgo las cuentas estatales, ya que una cosa es delegarle facultades a los territorios, y otra es descentralizar las finanzas del Gobierno.

“Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, sentenció Anif.

El problema principal es la fórmula de transferencias y el monto, ya que la propuesta deja sin espacio fiscal al Estado, especialmente por el alto valor de las inflexibilidades.

La propuesta de Anif, que busca mantener la salvaguarda de las finanzas públicas, pero a su vez avanzando en la propuesta de descentralización, sugiere que el Sistema General de Participaciones pase de 23,8% a 35% de los ingresos corrientes de la nación en los próximos 10 años.

“Nuestra sugerencia permitiría que las transferencias aumentan de forma gradual y en línea con la reducción anticipada en el pago de servicio de la deuda para los próximos años. Adicionalmente, al establecer un piso y un techo, la fórmula ayudaría a que los entes territoriales tengan los recursos suficientes para asumir nuevas competencias, pero con un monto acotado”, explicaron desde Anif.

Actualmente el Gobierno busca que se giren 46,5% de los ingresos corrientes en la próxima década, propuesta que fue criticada por entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que advirtió que ese monto pondría la deuda por encima del límite máximo establecido por la ley (71%).