Así llega el Presupuesto General de la Nación al último debate en el Congreso

El Presupuesto General de la Nación para 2020 fue radicado ayer en el Congreso para su segundo y último debate, por lo que hoy comenzará a votarse en plenarias de Cámara y Senado. Si bien el monto para el próximo año ya había sido aprobado y se fijó en $271,7 billones, la ponencia incluyó una serie de cambios en los montos entre los sectores por $1,58 billones, que no alteran la cifra total.

Entre los principales segmentos que lograron aumentos están los organismos de control, para los cuales se propuso un incremento de $180.000 millones en el presupuesto para el próximo año. Según la ponencia, este aumento responde a las necesidades relacionadas “con la puesta en marcha de la oralidad del proceso disciplinario y el Plan Decenal del Ministerio Público”, y para el caso puntual de la Contraloría se trasladaron $47.000 millones de funcionamiento a inversión.

En el sector de Defensa y la Policía se adicionaron $78.000 millones, de los cuales $68.000 millones correponden a gastos de funcionamiento, mientras que otra de las adiciones presupuestales que se acordaron para el segundo debate fueron $50.000 millones para programas de infraestructura en diferentes regiones del país, como parte del presupuesto del sector de Inclusión Social y Reconciliación. Para Planeación, el aumento es de $50.000 millones, que estarán destinados a apoyar el desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional.

Por medio de la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro del sector de Justicia y Derecho, se establecen $22.000 millones de excedentes financieros que se destinan a atender gastos operacionales derivados de nuevas funciones asignadas, especialmente las que tienen que ver con el catastro multipropósito. A pesar de no ser un incremento como tal, en el sector Educación se redistribuyeron $20.000 millones. De estos, $8.000 millones irán al fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior y $12.000 millones a cubrir gastos de funcionamiento de la nueva Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.

Para el caso de Salud y Protección, la Superintendencia de Salud recibirá $8.000 millones adicionales, con el fin de fortalecer las funciones de vigilancia de esta entidad, mientras que se adicionarán otros $1.000 millones para el pago de sentencias con cargo al Fondo de Previsión del Congreso, con lo cual se concretaría una adición total de $9.000 millones para el sector.

“Uno espera que la manera en cómo el Gobierno asigna el presupuesto corresponda con el Plan de Desarrollo y uno de los componentes tiene que ver con legalidad”, comentó Édgar Bejarano, docente de Economía de la U. Nacional, quien asegura que la mejor forma de garantizar la legalidad, uno de los pilares del Gobierno, es subiendo los presupuestos de organismos de control. “El Gobierno entonces estaría siendo coherente con los presupuestos de ese tipo de entidades”, dice Bejarano.

Por su parte, Julián Arévalo, decano de Economía del Externado, destaca el crecimiento en el presupuesto de inclusión social, “que sigue siendo un tema en el que el país tiene temas pendientes”, pero considera que el prepuesto de educación “puede ser la presión social de este año” a pesar del dividendo del PAE.

Estas fueron las principales reducciones
En la ponencia se plantea, por otro lado, una reducción de $280.000 millones en deuda, gracias a las operaciones que se van a adelantar en el manejo del servicio de la deuda pública, lo que permitirá una disponibilidad presupuestal adicional. Por otro lado, se propuso una reducción de $124.000 millones en el presupuesto del MinHacienda, con $114.000 millones en reducciones netas de gastos de inversión para destinarlos a otros sectores. Internamente, se trasladan a gastos de funcionamiento $400.000 millones provenientes de gastos de inversión.