Banco de la República advierte riesgos para las Pyme si son incluidas en tributaria

Con la nueva ley de financiamiento radicada en el Congreso, se busca un recaudo progresivo a través de las modificaciones en el impuesto al patrimonio para personas naturales, que por año pretenden recaudar $2,26 billones en 2026; $1,9 billones en 2027; $2,02 billones en 2028; $2,14 billones en 2029 y $2,27 billones en 2030.

Para lograrlo, proponen ampliar la base gravable de dicho impuesto, es decir, que de aprobarse pagarán este impuesto a aquellas personas que tengan un patrimonio líquido superior a $1.991 millones. Actualmente, solo le corresponde pagar este impuesto a los que tienen una fortuna superior a $3.585 millones.

Esta modificación que pretende hacer el Gobierno se asemeja mucho a lo que hicieron con la tributaria en 2010, cuando bajaron el umbral e incluyeron a más Pymes, por eso, el Banco de la República trajo a colación, los impactos que trajo esa ley que puso impuesto al patrimonio a las pequeñas y medianas empresas, generando impactos negativos en este segmento que abarca la inmensa mayoría del tejido empresarial.

Entre las consecuencias, el Emisor destacó que la medida generó inestabilidad para la continuidad de las Pymes, y advirtieron que es importante que en el actual proyecto tributario no se considere ponerles cargas tributarias adicionales, ya que podría obligar a que algunas de estas empresas desaparezcan.

En el informe del banco central, recordaron que con esa tributaria las empresas con el patrimonio gravado presentaron altas restricciones crediticias.

“Las empresas afectadas aumentan su dependencia del crédito comercial, como sustituto potencial del crédito bancario, pero, a su vez, reducen la oferta de este tipo de crédito en alrededor de 7,3 puntos porcentuales a sus contrapartes”, detallaron en el informe.

¿Qué pasa si tocan las Pyme?

Aunque en el proyecto no está contenido imponer impuestos a las pymes, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Lisandro Junco, advirtió las grandes inconveniencias si ahora, o en un futuro, incorporen estos gravámenes como método de generar más recaudo.

“Serían gravemente afectadas y se generaría un shock fiscal gigante. Aunque no lo están haciendo, si por casualidad deciden incluir un impuesto sobre empresas, esto deriva en pérdida de productividad, pérdida de empleo, va a generar menor crecimiento, y la estructura de capital se debería afectar”, dijo.

Haciendo acotación al análisis del Banco de la República, Junco señaló que es evidente que la estructura de capital se ve afectada con este tipo de impuestos. “Técnicamente lo que pasa es que no podrías acceder a un crédito barato. Adicionalmente, tendrías pérdida de productividad y también unos efectos que distorsionarían el valor real de las empresas”.

En cuanto a cómo afecta a las personas por la amplitud en la base gravable, Carlos Giovanni Rodríguez, socio de Andersen en Colombia, señaló que si bien son más contribuyentes, gran parte del recaudo que busca el Gobierno recaerá sobre personas con patrimonios entre $1.900 millones y $3.585 millones.

“Esto va a generar una salida de capitales por parte de los más ricos de Colombia, aunque hay que considerar que los contribuyentes de este tributo son un número muy reducido de personas naturales, dada la situación de desigualdad que presenta Colombia”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Junco ya ha advertido las consecuencias que tendría aumentar la tasa del impuesto al patrimonio con la nueva ley. Destacó que la fuga de capitales impactará en el empleo. “Especialmente con este clima de incertidumbre y desincentivos a la inversión formal”.

Las grandes empresas, sobre todo las del sector de hidrocarburos son las que están en jaque, ya que la carga tributaria sería de 70% o más, no obstante, los pequeños y medianos aún están exentos.

La discusión de la reforma tributaria se retomará hoy, junto con el debate del Presupuesto General de la Nación de 2026, que busca $556,9 billones.

Un impuesto que se impuso este siglo

Como ya se ha mencionado, el impuesto al patrimonio de las Pymes se levantó en 2018, pero fue un gravamen que acompañó la normativa tributaria del país desde 2002 y que se eliminó hace siete años. No obstante, el Banco de la República recalca que es inconveniente considerar un gravamen a las pymes.

En su estudio aseguró que este impuesto causó efectos “reales negativos sustanciales sobre la inversión, la acumulación de capital, la productividad y el empleo de las pymes”, por lo que incorporarlo sería un retroceso para la economía.