Buenaventura hace seis exigencias al Gobierno

El primero es mejorar las condiciones de salud y educación de calidad; el segundo, tener acceso a servicios públicos; en tercer lugar, garantizar la defensa del territorio; el cuarto es contar con el Estado para la protección de los recursos naturales; el quinto punto son las exigencias en temas de justicia y atención a las víctimas de la violencia; y por último, el acceso a la cultura y el deporte.

A pesar de la importancia económica de Buenaventura, las cifras muestran que las condiciones de su gente no son nada fáciles. De acuerdo con un informe que presentó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en febrero de este año, 36% de las personas del municipio tienen necesidades básicas insatisfechas, un porcentaje que triplica al de Cali y duplica al del Valle del Cauca.

Además, 9,1% de las personas vive en condiciones de miseria y 66% de su población es pobre si se mide con el Índice de Pobreza Multidimensional. En temas de mercado laboral, la tasa de desempleo es 66% y la informalidad llega a 90,3%.

Estas cifras convierten a Buenaventura en una de las ciudades con peor desempeño, a pesar de que tiene uno de los puertos más importantes del país, por donde pasan más de 15 millones de toneladas al año y tiene la aduana con mayor recaudo en Colombia.

Aunque las peticiones están justificadas, hay que ver cómo avanzan las negociaciones después de los desmanes. El fin de semana, el secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada, anunció la judiciacilización de cerca de 80 personas por las revueltas del viernes. Además, el Gobierno sostuvo que mientras se mantengan las vías de hecho, no se podrán reanudar las conversaciones con los líderes de la protesta. El presidente Juan Manuel Santos dijo, por medio de su cuenta de Twitter,  “respeto y defiendo derecho a la protesta. Vandalismo y saqueos no son permitidos. Situación en Buenaventura, bajo control de fuerza pública”.

Sin embargo, el Comité del Paro Cívico para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio respondió al Gobierno diciendo que “rechazamos el uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad y de la Policía contra el pueblo de Buenaventura”.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a la “compostura y civilidad”, aunque reiteró el derecho a la protesta.

La opinión:
Alfonso Prada
Secretario General de la Presidencia“Se anunció la judicialización de cerca de 80 personas (...) Lo que vamos a hacer es garantizar que el puerto se mantenga en tranquilidad”.